Un empleado público de 59 años fue condenado por exigir pagos indebidos a cambio de agilizar trámites en la Dirección de Tránsito (Santa Fe y San Luis), donde se desempeñaba como inspector.
El sujeto se acercaba a personas que se encontraban esperando, por ejemplo, para solicitar el carné de conducir o retirar una moto del canchón y les ofrecía “darles una mano” con las gestiones. Les solicitaba la documentación requerida en cada caso, le sacaba fotocopias y les pedía dinero en efectivo como “plus” para agilizar los papeles. Luego los citaba en otro momento y comenzaban las dilaciones. Nunca entregaba lo prometido y dejaba a la gente esperando.
Los damnificados señalaron que, cuando entablaba contacto con ellos, el acusado vestía el uniforme de inspector de tránsito.
También fue denunciado por una mujer a quien le aseguró que podía conseguirle una licencia para remís porque tenía todos los contactos. La damnificada le entregó la suma de dinero que él le indicó y la hizo ir varias veces a la Municipalidad, donde finalmente no se presentaba. Cuando ella le advirtió que lo denunciaría, el imputado le ofreció devolverle la plata mediante catorce pagarés que le firmó dejando el casillero del monto en blanco. Pero tampoco cumplió con estos pagos.
El juez Martín Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, condenó al sujeto a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer funciones en la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Salta por resultar autor del delito de exacciones ilegales agravadas (cuatro hechos), en concurso real.
El juez le fijó reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años, como fijar domicilio y abstenerse de cometer nuevo delito.
