Un control vehicular en la Patagonia encendió las alarmas por el transporte de 2700 kilos de cobre con documentación irregular. La empresa salteña Metalnor quedó en la mira por sus posibles nexos con el tráfico de metales y sus vínculos con sectores del poder político provincial.
Un procedimiento de rutina realizado por la Policía Caminera en la Ruta Nacional N° 3, en el sur del país, derivó en una investigación que salpica a una firma salteña. Un camión con acoplado, que circulaba desde el norte argentino, fue detenido mientras trasladaba una importante cantidad de cobre. Durante la revisión de la documentación, los agentes detectaron inconsistencias en los remitos y una diferencia notable entre el peso declarado y lo que realmente contenía la carga.
El conductor, un hombre de 42 años, indicó que llevaba 2700 kilogramos de cobre, pero el remito presentaba signos de haber sido manipulado. Esta irregularidad derivó en el secuestro del vehículo, la mercadería y los dispositivos electrónicos del chofer, que fueron puestos a disposición de la justicia en Caleta Olivia para su peritaje.
Si bien los primeros reportes no identificaban a la empresa transportista, fotografías del operativo publicadas por Elpatagonico.com evidenciaron el logo de Metalnor en el rodado. La firma, con base en Salta, se dedica al acopio y procesamiento de metales, y ha sido señalada en distintas ocasiones por su cercanía con sectores del poder político local, particularmente con figuras vinculadas a la familia Romero, señaló el portal Cuarto Poder.
Hasta el momento, la empresa no emitió declaraciones públicas sobre el hecho, lo que incrementa las especulaciones. Cuarto Poder ha remarcado que Metalnor ha sido históricamente beneficiaria de contratos y habilitaciones en el rubro del tratamiento de residuos metálicos, un ámbito donde lo público y lo privado han compartido intereses de forma poco transparente.
El apellido Romero, ligado a una de las estructuras políticas más influyentes de Salta, vuelve a aparecer en el centro de un entramado que mezcla negocios y poder. La participación de Metalnor en este episodio refuerza la necesidad de investigar con mayor profundidad los vínculos entre empresas del rubro y estructuras estatales que podrían haber facilitado operaciones de dudosa legalidad.
Las averiguaciones judiciales ahora se concentran en determinar la procedencia del cobre, la legitimidad de la documentación presentada y la posible existencia de una red dedicada al tráfico de metales. Mientras tanto, el silencio empresarial y el historial de relaciones políticas mantienen el caso en el radar público.
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