Son acusados de llevar a cabo un esquema delictivo en el que engañaron a personas con la promesa de acceder a viviendas del IPV. Utilizando sellos y membretes falsos, los acusados estafaron a las víctimas, exigiendo importantes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó que Daniela Alejandra Espinosa Paredes sea condenada a siete años de prisión como autora de 14 hechos de falsificación de instrumento público y 14 hechos de estafa. Asimismo, pidió una pena de tres años y medio de prisión para Sebastián Cruz, acusado como partícipe necesario de 13 hechos de estafa.
El pedido fue realizado esta mañana ante la Sala 3 del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Pablo Farah. Según expuso la fiscal, la investigación permitió acreditar que los acusados utilizaban documentos oficiales con sellos y membretes de instituciones del Estado para llevar adelante maniobras fraudulentas. De esta manera, habrían engañado a personas que entregaron importantes sumas de dinero con la promesa de acceder a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda de Salta (IPV).
De acuerdo con la acusación, Espinosa Paredes y Cruz se hacían pasar por funcionarios públicos o aseguraban tener contactos en el IPV para gestionar adjudicaciones de viviendas en el barrio Pereyra Rozas. Como parte del ardid, entregaban documentación con sellos y firmas falsas a las víctimas como constancia de pago.
Según las denuncias, Cruz se presentaba como intermediario de un supuesto empleado del IPV, quien facilitaría la entrega de las viviendas. A las víctimas se les exigía el pago de una suma de dinero, con la promesa de que la adjudicación estaba asegurada y se concretaría en el corto plazo. Para generar confianza, los acusados brindaban detalles sobre el avance de las obras y, además, ofrecían la inclusión en el Plan Conectar para la obtención de calefones y cocinas, lo que implicaba un pago adicional.
Como parte de la maniobra, los acusados proporcionaban un número de teléfono que atribuían al supuesto empleado del IPV. En todos los casos investigados, el dinero era entregado a un cadete, quien presuntamente lo remitía al organismo, y luego las víctimas recibían carpetas con documentación de adjudicación de vivienda.
El esquema se completaba cuando, tras recibir el dinero, los acusados entregaban a las víctimas una carpeta con documentos firmados y sellados que aparentaban ser oficiales, reforzando la credibilidad de la maniobra.
Informes de la Unidad de Investigación de UDEC confirmaron la existencia del fraude y establecieron que el número de celular atribuido al supuesto funcionario del IPV, en realidad, era utilizado por Espinosa Paredes.
