Claudio Parisi, el abogado Roberto Ortega Serrano y el ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, enfrentarán un juicio por presuntas maniobras para obstaculizar una investigación penal.
En una audiencia flexible y multipropósito, realizada en el marco del Plan Piloto de Oralidad establecido por acordada de la Corte, el juez Raúl López, a cargo interinamente del Juzgado de Garantías N° 1 de Orán, rechazó los pedidos de sobreseimiento y nulidad presentados por las defensas de los imputados y dispuso la elevación de la causa a juicio, en línea con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal. En la acusación, se le imputan al exmagistrado los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, mientras que al abogado Roberto Ortega Serrano y al ex intendente destituido de Aguas Blancas Carlos Alfredo Martínez, se les atribuyen los dos últimos delitos mencionados.
El juez Raúl López consideró que el Ministerio Fiscal reunió los elementos suficientes para acreditar en un debate que el exjuez Parisi, en violación de la normativa procesal vigente, extrajo copias del legajo de investigación de la Fiscalía y las incorporó indebidamente al expediente a su cargo. Además, permitió que el abogado Roberto Ortega Serrano lo compulse y extraiga copias sin la debida autorización.
Una vez que el abogado obtuvo dichas copias, las remitió a Carlos Alfredo Martínez, cuyo domicilio la Fiscalía pretendía allanar para secuestrar su teléfono celular. Esto le permitió modificar su contenido y ejercer influencia sobre testigos para que modificaran sus declaraciones.
Estas acciones obstaculizaron la investigación en curso para identificar a los responsables del homicidio de César Daniel Martínez, hermano del ex intendente, quien fue acribillado de 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía prisión domiciliaria. Dicho beneficio había sido concedido por el exjuez Parisi a cambio de dinero, motivo por el cual el magistrado recientemente destituido, también enfrenta una acusación por cohecho.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales del Distrito Orán, Daniela Murúa y Mariana Torres, y el fiscal penal de Salta, Daniel Espilocín.
