El interventor Adrián Zigarán aseguró que hoy se firmará el convenio para avanzar con la obra. Dijo que las autoridades del vecino país habían pedido reforzar los controles en los pasos y se quejó por la falta de colaboración en los controles
Luego de que Bolivia expresara formalmente su preocupación por la decisión argentina de construir un alambrado de 200 metros en la frontera, el interventor de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, Adrián Zigarán, confirmó que en las próximas horas avanzarán con la firma del convenio para avanzar con la obra. Según explicó, la medida busca asegurar que todas las personas que entren y salgan del país realicen los trámites migratorios.
Zigarán reveló además que el alambrado tendrá 200 metros de ancho que irán desde la terminal del pueblo a la oficina de Migraciones, que contará con dos metros y medio de alto, y que se utilizará para “evitar que la gente pase hacia Bolivia sin hacer migraciones”.
“En Aguas Blancas, la oficina de migraciones está a 200 metros de la terminal del pueblo, y esto paralelo al Río, por eso, todos llegan a la terminal, saltan un pequeño muro y salen a Puerto Chalanas y cruzan a Bolivia para comprar. No pasan ni por migraciones de ida ni de vuelta. Tampoco Aduana. Entran y salen ilegales”, denunció.
“Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hacen más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”, planteó Zigarán en diálogo con la periodista María O’Donnell en Urbana Play.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y forma parte del “Plan Güemes” para fortalecer las fronteras del norte, donde ya se habían desplegado efectivos de las fuerzas federales el año pasado. Según la licitación, se instalará en la frontera entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) un alambrado de púa de 200 metros, que tendrá dos o tres puertas.
Como respuesta a la queja boliviana, Zigarán cuestionó a las autoridades del país vecino por falta de colaboración en los controles migratorios. Dijo que el año pasado, durante las fiestas de fin de año, Bolivia envió sólo a un oficial migratorio lo que generó grandes demoras para entrar y salir del país. “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”, ironizó.
El funcionario explicó que actualmente hay muchas personas que saltan un muro y transitan entre los países sin hacer trámites ni pasar por controles. Durante el día generalmente hay “bagayeros”, que trasladan mercaderías para el comercio, pero de noche hay muchos “chancheros” que suelen ingresar con bolsas de consorcio de las cuales se desconoce su contenido. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, puntualizó.
Adrián Zigarán argumentó que se trata de una medida que se tomó por la aparición de “decapitados, gente ejecutada con precintos en las espaldas, mejicaneada, sicariatos”.
La preocupación de Bolivia
César Siles, ministro de Justicia de Bolivia
El Gobierno de Bolivia expresó este domingo su preocupación ante el anuncio de Argentina de construir un alambrado de 200 metros en la frontera que comparten ambos países, específicamente en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, y la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija.
Mediante un comunicado, la cancillería boliviana señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. Asimismo, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
Frente a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que solicitará información oficial mediante los canales diplomáticos correspondientes para evaluar las acciones pertinentes.
“Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”, concluyó el comunicado.
El ministro de Justicia boliviano, César Siles, calificó la decisión como una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.
INFOBAE
