Por el caso Monges Benjamín Cruz, el ex funcionario, de Gustavo Sáenz y Bettina Romero va a juicio

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Fue acusado en el marco de la investigación por las visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán a partir de elementos surgidos durante la audiencia de debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. En la causa ya se encuentra requerido a juicio Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta.

La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, para Benjamín Andrés Cruz como autor del delito de tráfico de influencias y subsidiariamente a éste delito, se califica el hecho como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

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La acusación procede, según señalan los Fiscales, a partir de nuevos elementos obtenidos del debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del fallecido a la Unidad Carcelaria de Orán, diciendo ser asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con el entonces el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.

Cabe recordar que, en la presente causa, también se encuentra imputado Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, y que ya fue requerido a juicio durante 2023.

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El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.

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