Esta mañana, en varios allanamientos, la policía entró a la finca del intendente y queda complicado en la investigación.
En una operación judicial significativa, fuerzas de seguridad realizaron un total de nueve allanamientos en el norte de la provincia de Salta, entre ellos, uno en la finca del intendente de Morillo, Atta Gerala. La medida fue solicitada por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, y autorizada por el juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, en el marco de una investigación que indaga el presunto robo de rieles en la región.
Atta Gerala se encuentra en el centro de la investigación, bajo la sospecha de que miembros de comunidades originarias podrían haber sido los ejecutores del robo. Según las autoridades, los rieles sustraídos habrían sido trasladados a Bolivia, donde serían reducidos y comercializados en el mercado negro, según informó El Tribuno.
Esta investigación se originó a raíz de una denuncia recibida hace varios meses, lo que llevó a una serie de diligencias probatorias que culminaron en los allanamientos de diversas propiedades en el norte salteño, incluida la del intendente. Para llevar a cabo esta operación, se movilizó a personal de Gendarmería Nacional y de la Dirección Regional Aduanera Noroeste, quienes operaron bajo las directivas del fiscal Villalba.
La situación del robo de rieles en la región fue alarmante. Con las líneas ferroviarias desmanteladas en el norte provincial, los robos cobraron un notable protagonismo. En los últimos años, se llevaron a cabo decenas de procedimientos en los que destacamentos policiales de Rivadavia, San Martín y Orán secuestraron kilómetros de rieles de los ramales C25 y C15, además de herramientas y vehículos utilizados en el saqueo, asegura El Tribuno.
Esta ola de robos plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad y vigilancia. ¿Cómo es posible que, a pesar de la logística desplegada, no se haya podido prevenir el desmantelamiento de las vías antes de su remoción y cruce hacia Bolivia? La preocupación se extiende hacia el uso de documentación fraguada por una red transnacional de contrabando, que opera como paraguas legal para estas actividades ilícitas.
Las acusaciones suscitaron una mezcla de inquietud y rechazo entre diversas comunidades originarias, algunas de las cuales se sienten injustamente señaladas en medio de la investigación. A medida que la trama se despliega, se espera que las autoridades continúen indagando para esclarecer la situación y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
