Los condenados exigían a jefes de menor rango el pago del 20 por ciento del sueldo para ser destinado a la organización política La Cámpora, en compensación por la designación de sus cargos.
En mayo pasado, los exfuncionarios habían sido declarado inocentes por el Tribunal Oral Federal N°2, sentencia que ahora fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal, a instancias de la fiscalía.
La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, revocó el jueves pasado las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Salta en favor de los exdirectores de las delegaciones locales de PAMI y de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Verónica Molina y Fabio Marcos Jesús Vera Ramírez, respectivamente.
Los exfuncionarios fueron juzgados entre el 22 de febrero y el 30 de mayo pasado por el TOF N°2, conformado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Abelardo Basbus, quienes resolvieron, de manera unánime, la absolución de los mismos, como así también de los empleados del PAMI Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, y de Fernando Ruarte, exconcejal del Partido de la Victoria, juzgados en el mismo debate.
La acusación principal giraba en torno al pago ilegal de aportes por parte de jefes de agencias del PAMI hacia la organización política de La Cámpora. Y, en menor medida, el desvío, con fines políticos, de cientos de electrodomésticos que habían sido donados a ese organismo para ser entregados a jubilados.
El titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el fiscal Ricardo Toranzos, fue quien llevó adelante el caso desde su inicio hasta el juicio e incluso presentó la impugnación para revertir la sentencia dictada, lo que fue respaldado ante la CFCP por el fiscal general Mario Villar.
La acusación
Ese dinero se acreditaba mediante transferencias, en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de comunicación interna del PAMI. Vera Ramírez y Molina fueron apuntados como los principales responsables de esta maniobra y receptores de los pagos.
Además de sus cargos en los dos entes públicos mencionados, ambos son referentes de peso de la mencionada organización política en la provincia. En su hipótesis, el fiscal afirmó que la “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento.
El fallo del tribunal
Al analizar el caso, el TOF 2 desechó la acusación por entender que la exigencia de pago aludida por la fiscalía no era tal, ya que no había relación funcional de los acusados principales, Vera Ramírez y Molina, con los jefes de agencias, entre quienes se mencionó a Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, quienes estaban al frente de las delegaciones de PAMI en Orán y El Carril, respectivamente.
Juárez y Fernández -cabe resaltar- fueron juzgadas por el cobro ilegal del IFE, siendo la segunda condenada por el TOF N°1 el 6 de agosto del 2021. En ese juicio, ambas revelaron que eran obligadas a pagar el 20 por ciento de su sueldo y que esa demanda provenía de Vera Ramírez y Molina, versión que cambiaron al presentarse declarar contra sus exjefes.
Concusión y peculado
