Como sucedió en Salta y Tucumán, la Unidad Fiscal de Jujuy desarticuló otra célula delictiva conformada por gendarmes acusados de recibir coimas en los controles de ruta. En este caso, los sobornos se pagaban mediante transferencias bancarias de entre 20 mil y 100 mil pesos. A cambio, los acusados dejaban pasar mercadería proveniente de Chile.
A pedido del fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, el juez federal de Garantías N°1 de esa provincia, Eduardo Hansen, hizo ayer lugar a la imputación penal para dos comerciantes y diez gendarmes detenidos el sábado pasado tras una investigación en la que se los acusa de contrabandear indumentaria desde Chile a cambio de coimas de entre 20 mil y 100 mil pesos para los miembros de la fuerza de seguridad federal implicados.
En el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, el magistrado también avaló la legalidad de las detenciones, autorizó una serie de pericias y dictó la prisión preventiva de los dos comerciantes, mientras que a los gendarmes les impuso la prohibición de salir del país, el comparendo cada 15 días en una dependencia policial, la promesa de no entorpecer el proceso y la retención de sus documentos de viaje.
En los términos requeridos por la fiscalía, el juez dispuso la imputación penal de los comerciantes Luciano Jorge Carabajal y Cristian Ramón Urzagasti, por el delito de contrabando de importación agravado por el número de personas involucradas, la intervención de miembros de fuerzas de seguridad y por el valor de la mercadería, en concurso con cohecho activo y en grado de coautores.
En tanto, los gendarmes Osvaldo Alfonso Durán, Gustavo César Aranibar, Yanina Gabriela Báez, Claudio Gabriel Bareiro, Gustavo Celestino Castillo, Ricardo Fernando Gutiérrez, Matías Ezequiel Escalante, Nicolás Alejandro Iznardo, Diego Sebastián Pabloff y José Antonio Pantoja, pertenecientes al Escuadrón 53, fueron imputados por contrabando de importación en concurso con los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo, en calidad de partícipes necesarios.
La investigación
Al presentar el caso, el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal Federico Casas realizaron una detallada exposición de los hechos y las pruebas reunidas. En principio, dijeron que las detenciones no fueron fortuitas, sino fruto de una investigación iniciada el 22 de mayo de pasado.
Explicaron que, en el marco de otra pesquisa con escuchas telefónicas judicializadas, surgió una información que daba cuenta de una modalidad delictiva en los puestos de control de personal de Gendarmería Nacional. Entre otros datos, resaltaba el nombre del imputado Carabajal, quien se dedicaba al contrabando de indumentaria a granel, lo que se consumaba a través del Paso de Jama y con colaboración de gendarmes.
Los gendarmes acusados pertenecen al Escuadrón N°53 de Jujuy, que fue uno de los sitios allanados.
En función de ello, la fiscalía dispuso tareas de campo e inteligencia, a través de las cuales se estableció que efectivamente Carabajal, desde mayo de 2022 había iniciado constantes viajes hacia Chile junto a Urzagasti, tanto en un vehículo como una camioneta, en la que trasladaban a este país gran cantidad de mercadería de todo tipo, aunque en su mayoría se trataba de ropa y calzado.
La misma luego era comercializada por fardos mediante sus redes sociales. En la cuenta de Facebook de Carabajal, por ejemplo, se consignaba que la ropa era de origen extranjero. Todo esto motivó profundizar las intervenciones telefónicas, tanto sobre Carabajal, Urzagasti y los gendarmes con quienes se comunicaban.
De esta manera, se pudo determinar que el éxito del contrabando era garantizado por los gendarmes acusados, quienes prestaban servicio en el puesto del Paso de Jama. A cambio, y según surge de las escuchas telefónicas y mensajes, Carabajal y Urzagasti acordaban con los acusados el pago de coimas, las que se efectivizaban mediante transferencias bancarias.
Al respecto, y para reforzar la imputación penal, expusieron algunos de los chats mantenidos entre los imputados, de los que surgía claramente la connivencia que existían, pues los gendarmes, incluso, les advertían a los comerciantes, cuando no estaban en sus puestos de control, o viene, que había otros gendarmes que querían cobrar 400 mil pesos por vehículos.
