El caso fue denunciado en 2012 por un vecino de Tartagal que, al ir a votar por primera vez, descubrió que otra persona usaba su número de DNI. Más tarde, en 2016, se enteró que debía multas de tránsito. La misma situación irregular no le permitió contraer matrimonio. El caso fue archivado en el fuero provincial. La fiscalía federal descubrió los hechos y logró la condena del responsable.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, y a instancia de un pedido del fiscal general, Carlos Martín Amad, el Tribunal Oral Federal N°1 condenó el lunes pasado a Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de uso de documento público adulterado destinado a acreditar la identidad de las personas.
De esta manera, se concluyó con el proceso penal iniciado el 5 de agosto de 2022, cuando la víctima denunció ante la Sede Descentralizada de Tartagal las penurias que vivía a raíz del robo de su identidad. Se identificó como trabajador independiente y aclaró que nunca realizó cambió de domicilio, pero que tenía serios inconvenientes al momento de realizar trámites vinculados con su DNI.
Explicó que, años atrás, su madre realizó un viaje a Bolivia, donde perdió su documento [el del denunciante] y también el de su hermano, situación a la cual no le dio relevancia hasta que se presentó a votar por primera vez y no pudo hacerlo debido a que su nombre figuraba con domicilio en la ciudad de Salta.
Posteriormente, en 2016, se presentó a las oficinas de tránsito del municipio para gestionar el carnet de conducir y fue informado de que debía pagar una multa de infracción cometida en esa ciudad. Sostuvo que eso era imposible, ya que era la primera vez que realizaba el trámite del carnet y que nunca había vivido en la capital salteña.
Boda frustrada
Luego, al intentar contraer matrimonio en Tartagal, el Registro Civil le informó que no podía hacerlo porque en la base de datos aparecía una persona con sus mismos datos, pero que fisonómicamente era muy distinto. Indicó que radicó la denuncia por usurpación de identidad en el fuero ordinario, pero el Ministerio Público Fiscal de la provincia le informó que el caso había sido archivado.
