La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Amad. En la causa está imputado el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, además de médicos ,“gestores” y tres directores de un hospital. Se secuestraron cuadernos con los montos que pagaban los “beneficiarios”.
El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad investiga dos causas que involucran a miles de pensiones por discapacidad laboral truchas. En la primera, que detalla a unos 800 beneficiarios, representa el 10% del Municipio de Taco Pozo. En ese expediente fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, sería aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dinero exigido por parte de los “reclutadores” constan en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos.
Casi el 10% de la población del Municipio de Taco Pozo obtuvo un certificado por discapacidad laboral
“El 97 por ciento de esas Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral son truchas”, aseveró el fiscal al ser consultado por este medio.
Se trata del expediente 2929/2023 caratulado como “defraudación contra la administración pública”. Infobae tuvo acceso exclusivo al expediente que tiene ribetes escandalosos.
La segunda causa involucra a unos 23.000 beneficiados, se investiga el mismo delito, involucra a 37 localidades de la provincia de Chaco como Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Corzuela.
Una auditoría ordenada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
“Solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”, afirmaron desde la ANDIS a este medio. “Lo que descubrimos es escandaloso”, sostienen desde el organismo e informan que apenas se hizo cargo de la Agencia, Spagnuolo puso a disposición del fiscal Amad y de otros que investigan causas similares, toda la documentación que la gestión anterior le negaba y que resultaba imprescindible para avanzar en el expediente.
Los imputados
La puntillosa investigación de Amad reconstruyó el entramado corrupto de la “gran asociación ilícita que requería de sujetos en lugares y cargos claves tanto dentro de la administración pública, como fuera de ella: médicos, bioquímicos, reclutadores, empleados municipales y administrativos, así como funcionarios públicos, sin el aporte de los cuales no podría haberse llevado a cabo todas estas maniobras delictivas”, explicó el fiscal federal en su requerimiento a indagatoria. Esa banda delictiva, según la imputación fiscal está formada por:
– Carlos Antonio Ibáñez. Hace veinte años que es el intendente del municipio chaqueño de Taco Pozo.
– Yanina Del Valle Mazza: Testigos afirman haberle pagado $15.000 para iniciar los trámites falsos. Ella misma fue beneficiada con una pensión por discapacidad por supuestamente tener Mal de Chagas. Lo mismo sucedió con su pareja Nelson Rojas, a quien se le adjudicó un diagnostico falso de “diabetes”.
– Marcela Patricia Peralta: médica y actual directora del “Hospital Rural Santa Rosa de Lima. “Tiene participación en las maniobras investigadas”, afirma el fiscal Amad.
– Eva Caro: empleada del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSEEP). Percibía un beneficio por discapacidad. Un testigo dijo que “quien le había gestionado la Pensión No Contributiva por discapacidad laboral fue la señora Caro, y que ella misma lo había incluido en el listado de recolectores de residuos del municipio”, trabajo que realiza a pesar de tener una incapacidad física “total”. En el certificado con diagnóstico falso que se tramitó y se aprobó en la ANDIS se certificó que presenta un “traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra”.
– Marcos Gustavo Rojas: Médico, y hasta 2019 director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima. firmaba Certificados Médicos Oficiales (CMO) para la tramitación de Pensiones por Discapacidad (PNC).
– Miguel Ángel Bilinski: Director del Hospital Santa Rosa de Lima. Extendía certificados médicos por incapacidad.
– Rafael Lenin Azañero Anaya: Médico especialista en Traumatología, extendía certificados médicos por incapacidad.
– María Estela Luna: Secretaria médica del doctor Marcos Gustavo Rojas. Llevada las anotaciones de pagos y diagnósticos que debían asignarse en tres cuadernos secuestrados.
– Florencia Carolina Angélica Jaimes: Portera en una escuela, previamente niñera de las hijas de María Estela Luna. Es beneficiaria de una Pensión No Contributiva. Además, se detectó que varios familiares como su esposo e hijos también fueron beneficiados con pensiones irregulares. Su nombre aparece en los cuadernos de Luna. “Estaba en pleno conocimiento de las maniobras”, afirma Amad en su resolución.
Según la reconstrucción que hizo la fiscalía: “La maniobra delictiva consistía en reclutar personas quienes se les pedía una suma de dinero para acceder a los beneficios de una Pensión No Contributiva, estas personas se encontraban en una lista que se manejaba en la Municipalidad de Taco Pozo, a donde debían recurrir para apoyar con su voto o de otras formas a la gestión del Intendente Ibáñez de la localidad de Taco Pozo, Chaco, quien es intendente de dicha localidad hace más de 20 años”.
