El dirigente piquetero está acusado de defraudar al Estado al desviar la plata del Potenciar Trabajo hacia una red de empresas en la mira. La principal sospecha es que se usaron fondos públicos para las campañas del Partido Obrero.
Este martes 25 de junio se llevará adelante la última y más importante ronda de indagatorias en el marco de la causa que investiga al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado: Eduardo Belliboni se presentará ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
El líder del Polo Obrero enfrenta dos grandes escenarios de acusación: por un lado, se le achaca el haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por hacer facturas truchas (administración fraudulenta) y también se lo responsabiliza por las extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.
Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por ese motivo la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones de los $81 millones nunca fueron rendidos, es decir, se desconoce para qué se utilizaron.
El juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano en el que se detallaba que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas de la plata que recibió como unidad de gestión. De hecho, la cartera que conduce Sandra Pettovello ya intimó cinco veces al PO para que entregue la documentación respaldatoria, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
En total son cinco los convenios que el Polo Obrero no rindió por un total de $81 millones. El más importante es por $48 millones, otro por $24 millones y los restantes tres completan el número. En las intimaciones, Capital Humano pide que se presente la documentación respaldatoria de los gastos, lo que hasta el momento no ocurrió.
