El hecho sucedió el 19 de mayo cerca de las 10 de la mañana en inmediaciones de la plaza del barrio Santa Ana II.
El fiscal durante la audiencia relató que la víctima, un joven de 23 años, estaba tomando alcohol con un amigo con el que había salido de fiesta. En un momento se retiró del lugar, y cuando volvió tenía en su poder una llave cruz y una tijera de podar, elementos que, según decía, tenían que salir a vender para poder seguir la fiesta.
Fue entonces cuando el imputado se presentó en el lugar y el joven le ofreció las herramientas, a lo que él le habría respondido, según refirió un testigo, que si quería algo lo robaba él mismo. Se pusieron a discutir, y el hombre se subió a su camioneta para irse.
La víctima y su amigo comenzaron a caminar y unos momentos después fueron interceptados nuevamente por el acusado. Según testigos, lo agarró por el hombro y le disparó a quemarropa en el pecho. Cuando estaba ya en el suelo empezó a pegarle en la cabeza. El hombre se dio a la fuga a bordo de su vehículo y los vecinos que se encontraban en la zona auxiliaron a la víctima, que perdió la vida mientras era trasladado al hospital.
La autopsia que se le realizó certificó que el joven falleció unos 10 minutos después de sucedido el hecho debido a un taponamiento cardíaco y shock hipovolémico por herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida. También tenía lesiones en la cabeza. En tanto, el informe toxicológico del imputado dio cuenta que tenía 2.04 mgs de alcohol en sangre al momento del hecho, y positivo para cocaína.
Personal del CIF encontró un proyectil en el lugar del hecho, el que se encuentra aún pendiente de pericias. En tanto el arma aún no fue encontrada.
Durante la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina Judicial de Garantías (OfiJu) en el marco del plan piloto de oralidad, el fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado teniendo en cuenta que el peligro de fuga se encuentra acreditado por actitud posterior al hecho que tuvo el acusado, por el monto de pena que se espera para el delito imputado y por los motivos que lo llevaron a delinquir. Además, agregó que existe peligro de entorpecimiento, ya que aún no se encontró el arma utilizada, y quedan pruebas y testimoniales por producir.
A ello agregó que los padres de la víctima dijeron sentir temor, por lo que dispuso consigna en el domicilio de la familia.
Por su parte, la defensa solicitó la prisión domiciliaria para el acusado, que padece de una severa obesidad, lo que le trae aparejada una serie de dolencias como artrosis, presión alta, arritmia y diabetes. Señaló que mantenerlo en estado de detención dentro de la cárcel, sobre todo teniendo en cuenta la condición actual de la misma, podría traer complicaciones a su salud o poner en riesgo su vida. Agregó que tiene arraigo, está casado, tiene hijos menores, dos de ellos con problemas de salud y que cuida a sus hijos junto a su pareja.
Por otra parte, y atento a que carece de documentación que acredite las problemáticas de salud del hombre, solicitó que se designen peritos médicos para realizar un análisis y evaluación de riesgos. Y además pidió que mientras continúe alojado en la unidad de detención se le realicen los tratamientos correspondientes.
Durante la audiencia además se le dio la posibilidad de hablar al acusado, que manifestó que no lo haría. Por otra parte, y luego de retirar al hombre de la sala de audiencias, se escuchó a los padres del joven, que sólo pidieron que se haga justicia y se mantenga la consigna policial en su domicilio.
Una vez que terminaron de alegar las partes, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, dictó la prisión preventiva del hombre acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, quien seguirá detenido a disposición del Juzgado de Garantías 3, que es el tribunal de origen.
Dispuso no hacer lugar al pedido de la prisión domiciliaria efectuado por la defensa, sin perjuicio de lo cual ordenó que desde el Servicio Médico del Poder Judicial se realice una valoración médica y clínica integral para determinar el estado de salud general del acusado y certificar si puede seguir detenido en el Servicio Penitenciario o si, por el contrario, se aconseja que continúe cumpliendo la medida cautelar bajo la modalidad domiciliaria.
Finalmente ordenó el traslado del hombre a los hospitales públicos correspondientes para determinar los tratamientos médicos que deba seguir.
