La pericia contable realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales actualizó el monto del perjuicio al Estado provincial. Este importe, que ascendía a $24.270.000 en diciembre de 2022, fue ajustado a la cifra actual de $124.713.822.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, sumó un nuevo imputado en la causa que investiga un fraude en la compra de dos vehículos, perjudicando a la administración pública.
El nuevo implicado es hermano del individuo acusado en marzo pasado. A medida que la investigación avanza, la UDEC ha determinado que ambos actuaron en complicidad.
La pericia contable realizada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales actualizó el monto de adjudicación a Conde Automotores. Pasó de $24.270.000 en diciembre de 2022 a $124.713.822, ajustado según los índices del INDEC (IPC).
En cuanto a las sanciones impuestas por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia, por la no entrega de los bienes adquiridos y por la rescisión contractual atribuible al adjudicatario, las sumas de $606.750 y $2.427.000 fueron actualizadas a $2.757.800,10 y $11.031.200,40, respectivamente.
La causa
La causa se originó tras una denuncia en marzo de 2023 contra el representante en Salta de la empresa Conde Automotores SRL. Según la misma, el acusado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la adquisición de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault.
A pesar de que la oferta fue pre adjudicada por $24.270.000 y se emitió una orden de compra por el mismo valor, los vehículos nunca fueron entregados.
Según la investigación de la UDEC, los imputados anularon las facturas de los vehículos una vez recibida la transferencia de dinero de la Tesorería de la Provincia. Posteriormente, realizaron transferencias a terceros, como las empresas como Grandote SA y Clama SA, además de efectuar pagos a individuos particulares.
Mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor de la Provincia, solicitaron un pago adicional injustificado para retrasar la entrega.
Hasta el momento, las unidades aún no han sido entregadas.
