El Jurado de Enjuiciamiento resolvió suspender al Juez de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci, trabar embargo sobre un porcentaje de sus haberes y abrir la causa a prueba por el término de veinte días.
El magistrado está involucrado en irregularidades relacionadas a la fuga del sicario Lino Moreno, condenado por el crimen de Liliana Ledesma.
Lino Moreno el sicario prófugo
Moreno, quien cumplía una condena perpetua que el Tribunal de Juicio de Orán le impuso en 2010 por su participación en el asesinato de la pequeña productora rural Liliana Ledesma (ocurrido el 21 de septiembre de 2006), recibió el beneficio de una salida transitoria el 18 de junio del 2023, ocasión en la que aprovechó para fugarse. Hasta el día de hoy, el sicario no fue recapturado.
Ante ello, el 28 de septiembre del 2023, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acusó a Laurenci ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados por considerar que su actuar constituyó mal desempeño e incumplió sus deberes como juez.
La fuga de Moreno se dio a conocer públicamente en agosto, más de un mes después del hecho. En aquel momento, el procurador remarcó que la acusación contra el juez “se sostiene en la gruesa negligencia, impericia e incumplimiento” de haber dilato por 53 días la correcta introducción del pedido de captura del condenado.
En síntesis, el sicario debía regresar a las 20.30 del 18 de junio a la unidad carcelaria donde se encontraba alojado. Al no volver, el Servicio Penitenciario informó de forma telefónica al juez, pero la situación se informa formalmente a la justicia recién el 22 de junio.
Al día siguiente, la fiscal interviniente solicita a Laurenci que ordene la captura y detención de Moreno, lo cual recién realiza 18 días después de la fuga, pero envía a la Policía a un domicilio equivocado. Posteriormente, se dirigen al domicilio real de Moreno, quien no se encontraba allí.
Sin embargo, el ingreso del sicario al sistema de búsqueda recién ingresa 53 días después de perpetrada la fuga.
Las partes podrán en los próximos cinco días hábiles ratificar y ampliar las pruebas ofrecidas oportunamente.
