A través de una presentación ante el secretario de Justicia, se dio por comenzado el proceso de manera formal.
El Gobierno dio inicio este viernes a su plan para intervenir todos los registros automotores del país. En un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal en ese sentido.
La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.
“Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”, le comentó a Infobae un especialista en el mercado automotor argentino.