El próximo 30 de noviembre se iniciará el juicio contra los ex funcionarios kirchneristas Verónica Molina, ex directora del PAMI en Salta, y el ex asesor de la ANSES local, Marcos Vera Ramírez imputados por concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
Los propios militantes kirchneristas los habían acusado de retenerles el 20 % de los sueldos.
Fueron denunciados durante la pandemia en el mismo momento en que otros funcionarios públicos fueron descubiertos cobrando de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).
Los acusados habían contado que estaban obligados a realizar “aportes” a La Cámpora, tras lo cual, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició una investigación que dejo al descubierto una serie de irregularidades.
En el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina.
