La causa llegó al Tribunal de Impugnación por un recurso de apelación interpuesto luego que en la Sala IV se rechazara el pedido presentado por la defensa de Andrés Esteban Fath y Ricardo Gabriel Fath, que pretendía su prisión domiciliaria.
El 31 de marzo pasado los dos fueron condenados junto a otros dos hombres como coautores del delito de fraude a la administración pública y falsificación de instrumento público, en concurso real, y se les impuso la pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Durante una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Impugnación (Ofiju) en el marco del plan piloto de oralidad, los jueces, en tribunal colegiado, escucharon a las partes intervinientes que expusieron los fundamentos de sus pretensiones de manera oral. Al finalizar la audiencia pasaron a un cuarto intermedio para resolver lo planteado.
Así, los jueces de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Federico Armiñana Dohorman y Ezequiel Molinati, decidieron no hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la resolución atacada. Además, tuvieron por formulada la recomendación en cuanto a la realización de una interconsulta con el servicio de neurología del Hospital San Bernardo respecto a uno de los condenados.
En relación a Andrés Esteban Fath, tuvieron en cuenta que, si bien se encuentra comprobado el estado de salud y de discapacidad referido por la defensa, el informe médico concluye que puede continuar alojado en la Alcaidía General, y sugirió una interconsulta con neurología del San Bernardo y cumplir con las indicaciones terapéuticas que el especialista indique. Por ello se entiende que la permanencia del interno en Alcaidía no implica un trato indigno y cruel ni afectaría su estado actual de salud.
La defensa también había planteado que él era quien se hacía cargo de su madre, pero del informe social surgió que no es el único que podría hacerlo, ya que cuenta con el resto de sus familiares.
En cuanto a Ricardo Gabriel Fath, los jueces dijeron que quedó comprobado que tiene dos hijos, aunque del informe social surgió que actualmente se encuentra a cargo de ellos la madre y sus abuelos.
Como se recordará, la causa se inició cuando la Fiscalía de Estado advirtió un faltante de 298.838 dólares al enviar un oficio al Banco Macro para hacer un movimiento en la cuenta donde estaba depositado. A raíz de ello, la entidad informó que, por orden judicial, se había transferido la suma a una cuenta del Banco Masventas. Se constató que el oficio había sido falsificado. Estaba suscripto con fecha 5 de julio de 2019 y no existía en el expediente judicial de origen.
El dinero fue retirado el 29 de julio de 2019 por caja en el Banco Masventas desde una cuenta a nombre de Hugo Alberto Colantuono, quien cumplía funciones en la Policía de la Provincia con jerarquía de comisario.
Los cuatro imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas para ejecutar la maniobra defraudatoria. Ricardo Gabriel Fath era gerente del Banco Macro Sucursal Tribunales y Jesús Ángel Mendoza era asistente operativo de la misma sucursal. La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, efectivo policial, hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath.
