Tres efectivos policiales de la sub comisaría de La Caldera fueron imputados por su participación en un hecho de violencia ocurrido en agosto de 2020.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio de la causa en la que tres efectivos policiales con revista en la subcomisaria de la localidad de La Caldera al momento de los hechos, fueron imputados por un hecho ocurrido en agosto de 2020.
Florencio Luis Martínez, de 42 años, está acusado de delito de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, en calidad de autor; Guillermina del Valle Lozano, de 49 años, está acusada del delito de encubrimiento agravado, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en carácter de autora; Ariel Santa Cruz, de 35 años, está acusado del delito de encubrimiento agravado por favorecimiento real al ser cometido por funcionario público, en concurso real con el delito de falsedad ideológica, en calidad de autor.
El requerimiento indica que en la mañana del 29 de agosto de 2020, el damnificado salió de la casa de una amiga y se dirigía a un funeral. En su camino por la avenida General Güemes, de la localidad de La Caldera, fue abordado por un móvil policial que se detuvo frente a él. Dos oficiales, un hombre y una mujer, descendieron del vehículo, mientras el conductor permaneció en el interior.
Según declaró el denunciante, primero le tomaron los datos y le pidieron que se retirara, alegando que estaba causando disturbios en la vía pública. Cuando el hombre quiso hablar, lo tomaron de los brazos y lo subieron al asiento trasero del móvil, siendo trasladado a la dependencia policial local. Una vez en el lugar, se hizo presente el sargento Florencio Martínez, quien estaba de servicio y revestía el rango de cabo en aquel entonces.
Martínez acometió contra la integridad física del damnificado, tomándolo del brazo y haciéndole palanca, lo que provocó que cayera al suelo. Después, le colocó la rodilla en el cuello, mientras le sostenía la cabeza, impidiendo su movilidad. Le propinó un golpe de puño en el rostro, en el ojo derecho, y al incorporarlo, le dio una patada en las costillas y brazos.
El informe emitido por el médico legal da cuenta de las lesiones sufridas por el denunciante: “excoriaciones con inflamación en región parietal y excoriación con equimosis en párpado superior de ojo izquierdo”.
En referencia al accionar de la suboficial mayor Guillermina del Valle Lozano, que por entonces revestía el rango de suboficial principal con revista en la subcomisaría La Caldera, el requerimiento sostiene que en su calidad de funcionaria pública, insertó en un instrumento público una declaración falsa, consignando la manifestación de un testigo, con una versión inexacta de los hechos, que sostenía que el damnificado se había autolesionado en el interior de la comisaría.
Conforme surge de las declaraciones ante el investigador del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y ante la Fiscalía de Derechos Humanos, el testigo expresó claramente que no conocía al damnificado, ni había presenciado el hecho investigado. No obstante, la suboficial mayor Lozano le pidió que firmara el papel.
De esta manera, sostiene el requerimiento, la suboficial mayor tergiversó la verdad “respecto a las lesiones sufridas por parte del damnificado, desviando la recta administración de justicia y todo esto con el único fin de proteger el accionar violento y abusivo de su compañero, el sargento Martínez, hacia la víctima, incurriendo en conductas penalmente reprochables que atentan contra la confianza depositada en el funcionario público y atentando contra la correcta marcha de la administración de justicia”.
En relación a la acusación al oficial auxiliar Ariel Santa Cruz, quien cumplía funciones de oficial de servicio en la subcomisaría La Caldera al momento de los hechos, dejó constancia en el informe, que el damnificado estando demorado, se golpeaba solo, y que al acercarse observó que presentaba la cara hinchada, un ojo rasguñado y con marcas en la frente.
Santa Cruz indicó, además, a una persona (el mismo testigo al que Lozano hizo firmar la declaración) que se acercó a la dependencia cuando el damnificado se encontraba alterado y violento y que fue quien observó la situación. Fue entonces que el oficial auxiliar le pidió que firmara el papel.
El fiscal de Derechos Humanos estima que su conducta encuadra en los delitos de falsedad ideológica en concurso real y encubrimiento agravado, al haber insertado en un documento público, falsas situaciones, concernientes a un hecho que el documento debía probar y con el fin de desviar el curso de la investigación en contra de personal policial que acometió al denunciante, afirmando situaciones inexistentes, que también dijo haber visto.
