El fallo marca un precedente en derecho animal a nivel país y beneficia a Guerrero, un perrito que recibió un balazo en agosto en barrio Docente. Los fondos irán directamente al centro de adopciones que lo cobijó y atendió durante su recuperación.
El derecho animal ha vuelto a ganar una batalla en contra de los maltratadores y logró un fallo inédito, que crea un precedente y establece una pena concreta para quien cometa el delito de lastimar a los animales.
Marcos Martínez, de 33 años, deberá pagar la suma de $108.000 en concepto de maltrato y crueldad animal por haber baleado a “Guerrero”, un perro de barrio Docente.
El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta, logró la suspensión de juicio a prueba luego de asistir a la audiencia en el Juzgado de garantías N°4 Dr. Rodríguez Pipino, en donde el acusado hizo entrega del dinero.
También se formalizó la Inhibición de portación y tenencia de armas de fuego de por vida para el maltratador, el decomiso de arma de fuego utilizada y dos más, y la obligación de asistir a capacitación en Derecho Animal.
En diálogo con El Tribuno, el subdirector del Instituto de Derecho Animal, Sebastián Ramayo, explicó que este fallo no tiene precedentes a nivel nacional. “Este monto que se consiguió no tiene precedentes en el país en un caso de crueldad animal, porque siempre se arreglaba con el acusado entregando dos o tres bolsas de alimentos. Pero nosotros como representantes legales PAS (Protectora de Animales Salta) creímos que no era suficiente, por eso pedimos un monto mayor proveniente de la venta de armas del acusado”, indicó el abogado.
Y agregó: “Siempre se arregla por alimento porque en la mayoría de casos no se presenta el denunciante como querellante, pero esta vez con nuestra intervención pudimos y por suerte el fiscal y la defensa estuvieron de acuerdo”.
Con respecto a cómo quedó la situación de Martínez, tras hacer uso del beneficio de la suspensión de juicio a prueba, el doctor Ramayo indicó: “Ahora el debe cumplir con todo lo pactado además del dinero que ya entregó. Tiene que asistir a las charlas del instituto sobre derecho animal, tiene prohibida la tenencia de armas y además tiene una restricción de acercamiento a dos vecinas a quienes había amenazado el día del incidente. El juzgado va a controlar que el acusado cumpla con todo y si lo hace la causa se archiva, pero si hay incumplimiento el proceso legal seguirá su curso”.
