Desde mañana, se juzgará a dos efectivas de la Policía de la Provincia por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura producto de haber sido reducida en un procedimiento policial.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio, Distrito Judicial Centro, en la audiencia de debate contra la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez como autoras de los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso ideal.
Según declaró la damnificada, quien en ese momento contaba con 26 años de edad, el hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cerca de la medianoche cuando fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced.
Conforme a su relato, la denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.
Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, les pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Según relata, cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.
El fiscal González, al momento de elevar el requerimiento a juicio, entendió que existen elementos suficientes para imputar a la agente Judith Villanueva y a la sargento ayudante Silvia Martínez por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público y vejaciones agravadas por el uso de violencia en calidad de funcionario público, todo ello en concurso real, toda vez que ambas, ostentando su calidad de funcionario público y en cumplimiento de una función del servicio que le es propio, excedieron la fuerza necesaria para el ejercicio de la acción de reducción.
La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).
La audiencia de debate pública será presidida por la jueza Gabriela González y está previsto que se desarrolle durante los días 12, 13 y 14 de octubre, a las 9 de la mañana.
