Una nena de 12 años embarazada ingresó ayer a la tarde en el Hospital San Vicente de Paúl en Orán a punto de dar a luz acompañada por un hombre que dijo ser su padre.
La nena presenta un embarazo de 38 semanas y está prevista para mañana una cesárea para evitar un parto normal debido a su corta edad.
Reside en el Paraje Pozo El Sauce en Coronel Solá y no tiene documento de identidad y habría dado otro apellido que no sería el mismo con el que se identificó su supuesto progenitor.
El supuesto padre identificado como Federico R. tiene 25 años por lo que despertó las sospechas de los profesionales del establecimiento asistencial, ya que la menor no lleva ese apellido.
Si el padre tiene 25 años cuando nació la nena, tenía solo 13 años, razón por la cual existen muchas dudas y desconfianza sobre las versiones que brinda su supuesto progenitor.
Debido a esa situación las autoridades del hospital harían la correspondiente denuncia policial, por tratarse de una menor de edad sin identificación y que fue violada a los 11 años.
Según Romero su madre se quedó en el paraje cuidando a sus otros hijos.
Frente a la indignación que ésto nos produce, creemos se deben delimitar las responsabilidades.
Ante tantas dudas, lo menos que nos debemos es un esclarecimiento que defina las responsabilidades de unos y otros. Es lo menos que podemos exigir para evitar nuevas frustraciones e injusticias.
Las altas tasas de embarazo en menores de 15 años se asocian, en gran medida, a situaciones abusivas, violencia sexual y vulnerabilidad por falta de acceso a servicios de salud y protección de derechos efectivos.
La proporción de embarazo forzado en esa franja etaria es significativa (en Argentina alrededor de 2500 niñas atraviesan un parto cada año) aunque no existen estudios que muestren la proporción total, investigaciones locales, regionales y globales, dan cuenta de esta realidad.
Los derechos que tienen las nenas que han sido víctimas de abuso sexual y embarazos forzados: el acceso a la justicia. Este derecho implica que pueden reclamar del Estado que el agresor sea sancionado; asimismo que el Estado sancione a funcionarias/os que obstruyan el ejercicio de sus derechos como niñas en especiales condiciones de vulnerabilidad y como víctimas de violencia sexual; que adopte medidas de no repetición para evitar nuevas violencias o más víctimas de estas situaciones, entre otras.
