La escandalosa comparación entre los fiscales Nisman y Luciani revela que Alberto Fernández ha cruzado otro peligroso límite para presionar a la Justicia.
La fallida gestión presidencial de Alberto Fernández será recordada por muchas cosas. Entre ellas, por duplicar la inflación que dejó el gobierno de Mauricio Macri; por besar las manos de Vladimir Putin escasos días antes de que Rusia invadiera Ucrania; por encerrar al país mientras hacía fiestas en Olivos; por apañar la corrupción kirchnerista luego de haberla criticado durante años; y, particularmente, lo que es peor, por plegarse a un peligroso ataque que intenta avasallar al Poder Judicial y hasta permitirse trazar un macabro paralelismo entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani. Un compendio de traiciones morales propias de alguien sin valores ni palabra.
Desde que el primer mandatario se desbandó, anteanoche, en el programa televisivo A dos voces, con su tan escandalosa como temeraria frase sobre el fiscal que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, afloró a lo largo y ancho de la Argentina una mezcla de indignación con un lógico temor. La razón no es otra que la indebida injerencia en la tarea de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo, que debería ser el natural custodio de la integridad física de los fiscales.
“Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, sentenció el Presidente, pese a que no está probado por la Justicia que el fiscal de la causa AMIA se hubiese suicidado, como él sugirió. Por el contrario, la Justicia ha sostenido, sobre la base de un peritaje de la Gendarmería Nacional Argentina y de otras pruebas, que la muerte de Nisman fue consecuencia de un homicidio. Esta hipótesis fue confirmada en un fallo del juez federal Julián Ercolini, que data de 2017, y ratificada un año más tarde por la Cámara Federal.
Es curioso que Alberto Fernández sostenga la hipótesis del suicidio cuando, en 2015, consideraba que “nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado”. Más aún, en un artículo firmado por él y publicado en LA NACION el 20 de abril de aquel año, había expresado: “Aquella acción psicológica desplegada por los genocidas acaba de ser revivida por el gobierno nacional (de Cristina Kirchner). Ahora se trata de tapar tan solo una muerte: la de un fiscal que denunció el objetivo final del inexplicable pacto firmado entre el gobierno argentino y el iraní. (…) Esta vez lo hace un gobierno que, aunque propicia el castigo de esos genocidas, acaba repitiendo una de sus más infames prácticas, que consiste en enterrar la memoria del muerto en el mar de los infames y dejar impunes a sus perversos asesinos. Así procede el gobierno. Por algo será”.
El mismo Alberto Fernández que el 12 de enero de 2015 escribía, también en este diario, que “en Cristina Kirchner la política es el arte de presentar en palabras la realidad que a ella le conviene” es quien ahora acuña la nefasta práctica de su vicepresidenta que busca hacer de la ley una fuerza sujeta al poder político, en lugar de bregar para que el poder político esté sujeto a la ley.
Y es el mismo que hoy asegura estar convencido de la “inocencia” de Cristina Kirchner y que firma un comunicado en el que denuncia una “injustificable persecución judicial” contra la vicepresidenta, cuyo objetivo sería “apartarla de la vida pública, política y electoral”.
No hay que entrar en el juego de quienes, en pos de la impunidad, están dispuestos a incendiar la República
No puede menos que indignar a cualquier argentino de bien que el Presidente apele a argumentos tan groseros para defender ahora a la vicepresidenta, llegando a sostener que la maniobra de alquilar sus hoteles a Lázaro Báez, al mismo tiempo que su gobierno lo beneficiaba con millonarias concesiones de obras públicas, solo es reprochable desde el punto de vista ético, pero no constituye un delito.
Indigna más aún que se inmiscuya en asuntos de la Justicia que no le competen, ignorando que el artículo 109 de la Constitución Nacional dispone que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Da vergüenza ver al jefe del Estado decidido a acompañar a la multiprocesada vicepresidenta en su estrategia de “apretar” a jueces y fiscales, y dispuesto a avalar movilizaciones y bombos que solo buscan silenciar la voz de la Justicia, distraer sobre los efectos de los ajustes y alterar la paz social. Inquieta ver al Presidente agitando los fantasmas de la irracionalidad y el fanatismo para derribar los cimientos de la independencia judicial mientras el país asiste a la peor devaluación: la de la palabra presidencial. Es menester defender la institucionalidad y la convivencia democrática y no entrar en el destructivo juego que proponen quienes, en pos de la impunidad, están dispuestos a incendiar la República.
