El lunes se conocerán los requerimientos de sanciones de la acusación contra la Vicepresidenta, apuntada como jefa de una asociación ilícita y responsable de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal Diego Luciani se prepara para pedir una fuerte pena para la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, en el proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
La titular del Senado está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se prevé que la fiscalía podría pedir una pena de hasta quince años de prisión.
Luciani planteó en diversas ocasiones en los alegatos que Báez “era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, en relación a los expresidentes. En el alegato del viernes, los fiscales Luciani y su par Sergio Mola dieron por probado que durante 2003 y 2015 hubo arbitrariedad de los gobiernos K y que hubo manejos de modo arbitrario para beneficiar a Báez con el direccionamiento de contratos.
Luciani habló de “doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en los que advirtió que se “realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”. Dijo que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.
Diego Luciani mostró más chats que comprometen a Cristina Kirchner en la causa Vialidad
El viernes, Luciani mostró más chats del exsecretario de Obras Públicas José López, uno de los juzgados en el proceso, que comprometen a la expresidenta. En las capturas se ve que el exfuncionario pedía información a la empresa de Báez “para que la Señora vea y tome decisiones”, en relación a la Vicepresidenta. El fiscal dijo que eso “es gravísimo” y que “la planificación del cierre de las empresas venía desde la Presidencia de la Nación”.
