El Juzgado de Garantías 1 del distrito Tartagal, no hizo lugar a la nulidad interpuesta por el defensor de Rubén Méndez Salazar, por lo que se mantiene el requerimiento de remisión de la causa a juicio por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en todos sus términos, debiendo continuar el trámite de la causa según su curso. El fiscal penal Armando Cazón, presentó oportunamente un recurso de apelación en contra del decreto de nulidad dictado por el juez Nelson Aramayo.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, fue notificado por el Juzgado de Garantías 1 del distrito Tartagal de la resolución de no hacer lugar a la solicitud realizada por el defensor del exintendente Rubén Méndez Salazar, donde pide la nulidad de la requisitoria fiscal.
El fiscal penal Cazón presentó un recurso de apelación ante el mismo Juzgado por el decreto de nulidad absoluta de la audiencia de declaración, el decreto de audiencia de imputación y la solicitud de la elevación a juicio solicitados contra el exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, dictados por el juez Nelson Aramayo.
En la apelación presentada por Cazón el 29 de noviembre de 2021 -y que fue remitida al Tribunal de Impugnación el 7 de diciembre- niega haber violado el debido proceso y advierte al juez Nelson Aramayo que confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar.
En la presente resolución, el juez Aramayo considera que el requerimiento de elevación de la causa a juicio efectuado por el Fiscal Penal de Salvador Mazza, se ajusta a las prescripciones establecidas por los Art. 433 y 434 del C.P.P. y que los fundamentos expuestos por la Defensa resultan insuficientes para sustentar la nulidad solicitada respecto del Requerimientos de Remisión a Juicio, por lo que resolvió no hacer lugar a la nulidad Interpuesta por el abogado defensor de Méndez Salazar, por lo que se mantiene el Requerimiento de Remisión de la Causa a juicio en todos sus términos debiendo continuar el trámite de la causa según su curso-
Los hechos
El 23 de diciembre de 2020, el fiscal Armando Cazón citó a Rubén Méndez Salazar a audiencia de imputación por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario públicos.
La intervención de Cazón había iniciado a raíz de una denuncia presentada el 26 de octubre de 2020 por el entonces presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba, en contra del intendente Rubén Méndez Salazar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos o caudales públicos. El exconcejal argumentó, entre otros, que Méndez no había presentado los presupuestos 2019 y 2020 y que no había hecho efectivas algunas medidas tomadas por el Concejo.
Luego de realizar la investigación correspondiente, el fiscal Penal de Salvador Mazza, labró el decreto de imputación y citó a Méndez Salazar el 23 de diciembre de 2020 a la audiencia de imputación.
Méndez Salazar solicitó la suspensión de la audiencia, que finalmente tuvo lugar el 23 de febrero de 2021. Asistido por su abogada, María Liliana Sagárnaga, el exintendente se negó a declarar y firmó –junto a su defensora- el acto de imputación.
Otra denuncia, otra causa
Paralelo a ello, en agosto de 2021, ingresó una denuncia anónima a la web de https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar en contra de Méndez Salazar que investigó la Unidad Fiscal compuesta por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal). El 13 de octubre se realizaron una serie de allanamientos y secuestros que culminaron con la imputación del ex intendente por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. También fueron imputadas otras 13 personas.
En los últimos días, peritos informáticos del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) concluyeron el análisis de los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares secuestrados en el marco de la investigación que sigue la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en la causa del ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras 13 personas y la fiscal Salinas Odorisio espera los resultados de los informes.
Las dos causas que se siguen en contra de Méndez Salazar, no tienen vinculación alguna y son independientes una de la otra
