La funcionaria pertenecía a la subsecretaria de Espacios Públicos de la Municipalidad y según consta en los testimonios ya son varios años de cobros indebidos.
Está acusada de exigir dinero a vendedores ambulantes para dejarlos trabajar. Un testimonio revela que una mujer “aportó” durante cuatro años para poder vender en calle Florida.
La resolución de exoneración tiene treinta considerandos, lleva la firma el Procurador municipal y describe que el cobro también se hacía a través de “ambulantes amigos”.
La defensa de la ex funcionaria desacreditó la eficacia probatoria de los testimonios y afirmó que “la sanción se tomó en base a dichos y diretes”, además argumentó que el único habilitado para valorar delitos en una denuncia, es el fiscal.
Para la Procuración, “quedó suficientemente acreditado, con el grado de certeza necesario, que la agente incurrió en los hechos que se le endilgan”.
La resolución 119, de fecha 9 de junio de 2022, de la Procuración municipal aplicó la sanción de exoneración a una empleada que se desempeñaba como coordinadora de Inspectores de la subsecretaria de Espacios Públicos.
La resolución recoge en 30 considerandos los aspectos esenciales del sumario que culminó con la destitución.
La decisión de la Procuración municipal, menciona varios testimonios, en base a denuncias de quienes se dedicaban a la venta ambulante en la zona céntrica de la ciudad, antes de la reubicación en el subsuelo del Mercado Municipal.
De esos testimonios surge que la mujer exigía a algunos vendedores, el pago de sumas de dinero para que puedan permanecer en sectores no habilitados, monto que se incrementaba en días festivos y que en muchos casos, el pago se hacía a través de otros vendedores “amigos” para cubrirse de no ser filmada o grabada.
Cabe recordar que el caso tuvo amplia repercusión en coincidencia con la reorganización del espacio público en la zona del Parque San Martín y peatonales, a partir de la muerte del joven Nahuel Vilte, en octubre de 2021, quien fue apuñalado en una disputa por espacios de venta en la que se involucró, en defensa de un familiar.
De ese hecho derivó la reorganización del espacio público y en ese contexto, surgieron las denuncias por cohecho contra la funcionaria ahora exonerada.
Carta Urbana reproduce a continuación la Resolución 119 que lleva la firma del Procurador general municipal, Miguel Torino.
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