El Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina informó al Senado que sobre 118 leyes que declaran tierras de utilidad pública y sujeta a expropiación, solo 28 están con el proceso concluido y que solo 14 de esas expropiaciones representan para la provincia un monto de 710 millones de pesos, por lo que es necesario negociar las condiciones de pago en un trabajo conjunto con el ministerio de Economía.
Senadores analizaron con el Fiscal de Estado el trámite en que se encuentran en la actualidad las distintas leyes de expropiación de inmuebles sancionadas en los últimos años y acordaron avanzar en modificaciones que permitan actualizar la normativa vigente.
Perez Alsina fue recibido este miércoles por un plenario de senadores, encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, para brindar un informe sobre el desempeño del organismo con respecto a las leyes que disponen la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de distintos inmuebles en la provincia.
El Fiscal reveló que sobre 118 leyes de expropiación sancionadas en la última década, 28 se encuentran terminadas; otras 70 están en distintos trámites y las 20 restantes con pedidos de fondos al ministerio de Economía con vistas a su conclusión jurídica.
Pérez Alsina aclaró que la Fiscalía ve todos los aspectos jurídicos de la provincia en un panorama muy amplio; su misión es cuidar el patrimonio general del Estado y en ese marco sostuvo que los avances en materia de expropiaciones se dan en función de cuestiones técnicas y también de acuerdo a la obtención de recursos para su financiamiento.
Del diálogo con los legisladores surgió además la necesidad de avanzar en el análisis de una modificación del régimen de expropiación contenido en la Ley N°2.614 para precisar los tiempos en que el Ejecutivo debe instruir a la Fiscalía a ejecutar las leyes de expropiación sancionadas. Para agilizar ello se recomendó precisar -previo a avanzar con los proyectos-, factores como estudios de costos, necesidad de servicios, afectaciones al propio estado y a la propiedad privada. Se aclaró que muchas veces existen herramientas alternativas a la expropiación.
Además consultaron sobre ejecución de obras de salud, educación o viales en casos de propiedad comunitaria, como ocurre en comunidades originarias; sobre el avance de la escrituración de los lotes 55 y 14, advirtieron que existen fondos nacionales para construir escuelas o viviendas que no se aplican por carecer de tierras escrituradas a nombre del Estado y comprometieron el trabajo con vistas a agilizar la legislación vigente.
Participaron los senadores Jorge Soto; Manuel Pailler; Dani Nolasco; Sergio Ramos; Walter Cruz; Carlos Ampuero; Sergio Saldaño; Carlos Rosso; Esteban D’Andrea; Emiliano Durand y profesionales del área de Coordinación de Fiscalía.
