La jueza Maiztegui busca documentación que acredite una supuesta deuda de la pyme que dio origen a la protesta gremial. Si no se verifica, se sumaría otra acusación por extorsión y se agravaría la situación de los dos dirigentes detenidos.
Con un allanamiento a la sede nacional del Sindicato de Camioneros, cobró nuevo impulso la causa por el bloqueo y la extorsión a Distribuidora Rey, de San Pedro, que derivó en la detención de dos gremialistas de San Nicolás. El procedimiento fue dispuesto por la jueza María Eugenia Maiztegui, por pedido de la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, y apunta a comprobar si existe una presunta deuda de la empresa reclamada por los dirigentes nicoleños y que dio origen a la protesta sindical que impidió el ingreso y salida de camiones.
En realidad, la delegación del Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto.
Por eso se dispuso el allanamiento para secuestrar la información correspondiente. Los abogados de la familia Rey, liderados por Florencia Arietto, consideran que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y así se agravaría la situación judicial de los dos detenidos, Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado.
Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.
