Finalizada la ronda de testimoniales, se dio lugar a los alegatos en el juicio que se sigue contra cinco policías. Prestó declaración el médico oculista que emitió el informe con historia clínica del damnificado.
El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.
El hecho ocurrió el 29 de julio de 2020, en inmediaciones de manzana 200 del barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, cuando los acusados, a bordo de un móvil policial y en su rol de efectivos de la fuerza, efectuaron un disparo con un arma larga que impactó en la víctima, provocándole la pérdida del ojo izquierdo.
Pese a haber advertido que Néstor Ramón Ávalos (por entonces, soldado voluntario) se encontraba herido de gravedad, los efectivos policiales omitieron prestarle el auxilio necesario para su traslado a un centro de asistencia.
El fiscal González se refirió al testimonio del personal del CIF que reunió indicios, al tiempo que expresó que el cuadro probatorio se terminó de componer con la historia clínica que da cuenta del estallido del ojo y la herida en el párpado, con extirpación de ojo izquierdo. “Fue rayano en la alevosía”- dijo el fiscal en referencia al accionar policial, sosteniendo que existe un agravante por abuso funcional de la calidad de los sujetos intervinientes.
En su alegato, el fiscal afirmó que “atacaron a una persona, sin ninguna autorización legal” y que, en lo que debería haber sido un acto de servicio, procedieron a acometer en contra del damnificado, en un accionar contrario a sus deberes, ocasionándole a la víctima un daño desajustado y reprochable. Consideró que “se deshumanizaron”, al advertir que no le prestaron el auxilio necesario a una persona que se encontraba gravemente herida.
Otro agravante señalado por González, lo constituye el empleo de arma de fuego apta para el disparo, señalando que todos los partícipes necesarios han tenido un aporte en el hecho endilgado.
La fiscalía de Derechos Humanos solicitó se imponga la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial por 8 años para el sargento Mario Alberto Funes e idéntica pena para el suboficial principal Luis Armando Quispe, el sargento ayudante Diego Alberto Cachi. En tanto, para el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González solicitó 4 años de prisión efectiva y 4 de inhabilitación especial.
Finalmente, el fiscal González, pidió a la jueza Norma Beatriz Vera, la prisión preventiva de los inculpados e inmediata detención, ante un eventual peligro de fuga. La querella adhirió a los fundamentos de la fiscalía.
Finalizados los alegatos, se pasó a cuarto intermedio hasta el martes 3 de mayo, a las 8:00, para dar lugar a los alegatos de la defensa y veredicto.
