El dictamen fue presentado ante el juez Julián Ercolini, en donde explica la maniobra entre Clarens y Lázaro Baez para dar fachada legal a dinero de la obra pública.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este jueves que el juez Julián Ercolini envíe a juicio oral al financista Ernesto Clarens y a otra docena de personas acusadas de haber dado una fachada legal a negociados por más de $500 millones “provenientes de un hecho de corrupción” como fue el “fraude al Estado Nacional” a través de la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez, eje del Grupo Austral. Esos fondos entregados a Báez son el eje de la acusación de otro juicio en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios.
A Clarens se lo señaló como el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se sospechó que su firma, llamada Invernes, significaba “Inversiones Néstor”. En diez años pasó de ser un simple broker a uno de los operadores más poderosos del kirchnerismo y cuando explotó la causa de los cuadernos, en 2018, se convirtió en uno de los “arrepentidos” de ese megaexpediente en una declaración que provocó tironeos entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez fallecido Claudio Bonadio, a la hora de aceptar su rol de “imputado-colaborador”.
En un dictamen de 140 páginas, el fiscal Pollicita describió cómo Báez, señalado organizador de la asociación ilícita, “recurrió a Ernesto Clarens para instaurar conjuntamente una compleja ingeniería financiera para dar apariencia lícita a los fondos que las empresas del Grupo Báez percibían del Estado Nacional a través del fraude en la obra pública vial por el que está acusado”.
Según expresó el Ministerio Público, existe una “íntima conexión entre la asociación ilícita en el fraude a la administración pública y el lavado de activos aquí investigado”. ¿Por qué? Porque -dice la fiscalía- en esta causa “se ha podido comprobar que una vez sustraídos los fondos al Estado Nacional mediante el fraude en la obra pública vial se recurrió a un proceso de distanciamiento y reciclaje para permitir a Báez” pudiera disponer libremente de ese dinero. La maniobra, se señaló, fue a través de “la ficción de costos inexistentes en la obra pública”.
