La cuarta jornada del juicio seguido contra Marcos Lautaro Teruel, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, imputados por delitos de abuso sexual, continuó hoy con la declaración de testigos propuestos por la fiscalía. Comparecieron ante el tribunal asistentes sociales, psicólogas, psiquiatras, una preceptora de colegio secundario y la actual pareja de Teruel (vía remota, desde Córdoba).
Marcos Lautaro Teruel se encuentra acusado en dos causas diferentes. En el primer expediente llega imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño. En la causa acumulada, está acusado, junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.
El juicio está a cargo de los jueces de la Sala III, Carolina Sanguedolce (presidenta), María Gabriela González y Pablo Farah (vocales).
En primer término, compareció ante el tribunal una licenciada en Trabajo Social que en 2015 se desempeñaba en el Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. A requerimiento de una Asesoría de Menores e Incapaces, realizó un informe sobre I. J. A., víctima menor de edad de uno de los hechos imputados a Teruel.
La testigo señaló que, al momento de la entrevista, la niña se encontraba sin escolarización, con compromiso de realizar un tratamiento psicológico. Había vuelto a vivir con su madre luego de residir una temporada con su padre.
La progenitora de la menor refirió en esa oportunidad que la adolescente se había ido a vivir con su padre a principios de 2015, pero había decidido regresar con ella debido a que su papá había estado vinculado a hechos ilícitos. Manifestó que I. J. A. había presenciado situaciones que la llevaron a retornar al domicilio materno.
La intervención de la Asesoría se solicitó debido a problemas de conducta de la menor. Esto había motivado que su madre pidiera ayuda en organismos públicos. En ese momento, la mujer le comunicó a la asistente social que su hija estaba realizando tratamiento psicológico en el centro de salud de barrio Ciudad del Milagro. Refirió que estaba más tranquila, que no había vuelto a fugarse y que había dejado de frecuentar a amigos que eran una mala influencia.
A continuación, declaró la psicóloga del centro de salud de barrio Ciudad del Milagro que atendió a I. J. A. en 2015. Dijo que la entrevistó en dos oportunidades, en mayo y octubre de ese año. Al primer turno lo habían solicitado las autoridades del Colegio Secundario Juana Manuela Gorriti, adonde concurría la adolescente. La testigo dijo que no pudo inferir mucho de esas dos entrevistas y solicitó una interconsulta con un psiquiatra del Hospital Materno Infantil.
Seguidamente, el tribunal escuchó la declaración de una psiquiatra de dicho nosocomio, quien aseguró haber citado para consulta a I. J. A. en cuatro oportunidades, en 2016, pero la menor no concurrió a ninguna. En ese momento, la damnificada tenía 14 años.
La ronda de testimoniales siguió con la comparecencia de una psicóloga que en 2015 se desempeñaba en la Secretaría de Salud Mental. Formaba parte de un grupo de abordaje que intervenía en casos de intentos de suicidio. Su rol consistía en vincular a la persona en riesgo con la red sanitaria.
La profesional señaló que intervino en dos momentos, a mediados de 2015 y en julio de 2016. La primera vez entrevistó a la madre de I. J. A. en su domicilio, adonde concurrió tras recibir un oficio judicial de la Asesoría de Menores 4. La mujer le dijo en esa oportunidad que su hija había sido atendida por una psicóloga del centro de salud de Ciudad del Milagro y que tenía turno en el Hospital Materno Infantil. Le explicó que la adolescente había estado viviendo con su padre y había faltado mucho al colegio, por lo que había solicitado su reincorporación.
En 2016, recibió otro oficio de la Asesoría para que se entrevistara nuevamente con la madre de I. J. A., ya que la menor continuaba realizándose cortes en los brazos. Fue a su domicilio, pero no las encontró. Las ubicó luego en la casa de la abuela materna de la adolescente, adonde se habían mudado. La mamá de la menor le comentó que no había podido acompañar a su hija a los tratamientos porque había estado trabajando en un local de comidas, de noche. Aseguró que I. J. A. había vuelto al colegio y que estaba más contenida por su abuela. Se comprometió a procurar tratamiento psicológico para su hija.
En agosto de 2016, la madre de I. J. A. le refirió que había recompuesto la relación con la abuela de la menor, que la adolescente asistía a la escuela técnica Francisco de Gurruchaga y que hacía varios meses que no se autolesionaba.
Seguidamente compareció una psiquiatra del Hospital Materno Infantil. Dijo que hizo dos entrevistas a I. J. A. y a su madre, en abril de 2016. Fueron contactos de presentación y, luego de eso, se les otorgó a ambas nuevos turnos, pero no asistieron. La profesional indicó que registraban siete turnos entre 2014 y 2016, sin concurrencia al consultorio.
Los jueces escucharon luego a una preceptora del colegio Juana Manuela Gorriti que en abril de 2015 comunicó a las autoridades del establecimiento acerca de las autolesiones (cortes en los brazos) observadas en I. J. A.
Finalmente, se comunicó desde Córdoba, mediante videoconferencia, la actual pareja del imputado Marcos Lautaro Teruel. La joven hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar por la relación que la une al acusado. Sí respondió en cambio preguntas puntuales referidas a los coimputados Rodríguez y Farfán.
El defensor de Teruel se opuso a la declaración de la joven, pero el tribunal hizo lugar parcialmente al planteo y permitió que se le realizaran consultas que no afecten la situación de Teruel. En este contexto, se le pidió su concepto de Rodríguez y Farfán. Del primero dijo que era un joven muy trabajador, responsable y que tenía un buen vínculo con él. Al segundo los describió como una persona responsable, prolija, estudiosa y empática.
Mañana comenzarán a recibirse declaraciones vinculadas a la segunda causa que se ventila en el juicio, referida a una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019. La víctima de este hecho refirió que fue sometida sexualmente en enero o febrero de 2014. El caso involucra a Teruel, Rodríguez y Farfán.
Está previsto que mañana declaren los dos coimputados y la segunda denunciante.
