En los casos de hechos consumados están involucrados concejales y otros ex funcionarios públicos y se acordó la auto inhabilitación de los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales. En los acuerdos arribados prevaleció la premisa de resolución de conflictos del Código Procesal Penal Federal y se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Procuración General respecto a la viabilidad de las propuestas.
La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, homologó ayer 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, en el marco de la audiencia de control de acusación seguida contra 25 exfuncionarios públicos imputados por delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, llevó adelante la presentación de los acuerdos arribados, fundamentó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba y resaltó el esfuerzo realizado junto a las defensas a fin de superar inconvenientes.
A modo de ejemplo de la versatilidad evidenciada en la audiencia, el fiscal y la jueza sugirieron y aceptaron la conformidad de un acuerdo expresado por una imputada vía WhatsApp. La mujer reside a más de 500 kilómetros, con lo cual se pudo formalizar el convenio y la acusada evitó el largo viaje para la firma.
La audiencia se inició el 5 de julio pasado, cuando las defensas de los 25 imputados plantearon el sobreseimiento por distintos motivos, entre ellos la supuesta falta de tipicidad penal, lo cual fue rechazado de plano por la jueza, quien luego otorgó un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna salida alternativa.
El dinero que deberán aportar los acusados en concepto de donaciones será destinado a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.
Los acuerdos
En ese marco, se formalizaron 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, tanto por casos consumados, en los cuales los concejales imputados solicitaron y cobraron el IFE, como también hechos en los cuales pidieron el beneficio pero no lo percibieron, ya sea porque fueron rechazados o simplemente no alcanzaron a cobrarlo.
Con sumas promedios de 10 a 20 mil pesos y, en algunos casos de 60.000, se arribó a un total estimado de 320 mil pesos, dinero que los acusados aportaran en concepto de donaciones a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.
Esas donaciones consisten en mercadería, pañales e insumos médicos y bienes destinados a escuelas públicas. En ese sentido, por ejemplo, un hospital, consultado sobre las necesidades, solicitó el aporte de pilas doble y triple “A” para los distintos dispositivos sanitarios con los que cuentan.
Al margen de estos aportes, también se exigió desde la fiscalía la realización de tareas comunitarias, requisito que algunos imputados intentaron evitar. No obstante, la jueza reforzó la posición de la fiscalía al respecto.
De tal forma, se logró reunir un total de 1.636 horas de trabajo comunitario por parte de los 16 imputados, quienes cumplirán dicha colaboración en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.
