Ocurrió en un hospital de Tartagal, Salta. La concejal Claudia Subelza, a cargo de la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza, aseguró que la médica ingresó “a la joven en el quirófano contra su voluntad” ya que ésta se había arrepentido y manifestado su deseo de tener al niño. Hay una investigación en curso.
“Estamos ante un hecho aberrante e indignante al extremo. Se trató de un homicidio”, señaló la concejala Claudia Subelza, a cargo de la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza, en Salta, al referirse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) que le realizaron a una joven de 21 años que llevaba 22 semanas de gestación, en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal.
El caso expone con toda crudeza las consecuencias de una Ley que, en la práctica, no pone límite gestacional al aborto, contra lo que se dijo durante el debate de la Ley. Lo de las 14 semanas es una ficción, dado que, más allá de ese plazo, se puede abortar aduciendo una violación o con la sola enunciación de un potencial riesgo a la “salud integral” de la madre -no a la vida-, entendida ésta como salud física, psíquica o “social”. Esta sola enunciación da una idea del rango de argumentos que pueden esgrimirse y, como veremos en este caso, habilita a abortar a bebés sanos de madres también sanas hasta las vísperas del parto.
“Con consentimiento expreso del director del hospital, una médica practicó el aborto de una bebé sana y viable de casi 6 meses de gestación para luego matarla por asfixia, siendo encontrada posteriormente en la basura por una enfermera”, detalló Subelza.
Este caso derivó en una denuncia penal por parte del tío de la paciente, quien aseguró que su sobrina manifestó arrepentimiento antes del aborto, que fue llevado a cabo el 24 de agosto. Como consecuencia de ello, fue detenida la médica; y liberada horas después.
El denunciante es Cristian González, un efectivo de la Policía de la Provincia, que se mostró devastado por el hecho -ya que su sobrina le había negado que estaba embarazada pese a sus sospechas- y brindó detalles de cómo se enteró de lo sucedido.
“Le dije que comprara un test de embarazo. Ella me respondió ‘bueno, pero antes tengo que ir a Tartagal a ver un tema de un trabajo’. Horas más tarde me llama un médico del hospital Perón, que se identificó como Dr. Vidal. Me contó que mi sobrina había ido a verlo para que le pratique un aborto porque ella estaba en situación de calle, no tenía para comer, y le hizo toda una historia al médico, que por supuesto era falsa”, relató el policía al diario El Tribuno.
Cuando el doctor Vidal habló con González le avisó que no estaba dispuesto a practicarle ningún aborto porque su sobrina estaba de 6 meses pero le advirtió que en el hospital hay médicos que no son objetores de conciencia como él y que tratara de hablar con la joven para que desistiera del procedimiento porque corría riesgo su vida.
“Le rogué que no se hiciera nada, que tuviera al bebé, que nosotros nos íbamos a hacer cargo. Que si ella después del nacimiento estaba convencida, lo podíamos dar en adopción. Ella me dijo ‘bueno, voy a hacer eso pero una doctora ya me hizo tomar pastillas y me dijo que no me puedo ir del hospital porque puedo tener pérdidas en la calle’”, contó el policía, quien horas más tarde recibió un llamado de la joven, que le dijo que el aborto ya estaba hecho.
“Quedé horrorizado y ella se escuchaba muy tranquila, porque creo que no está bien psicológicamente. Lo que no entiendo de parte del hospital es que por lo menos hubieran intentado que nosotros les diéramos una opción y no terminar así con la vida de un inocente”, expresó el policía, devastado por la situación.
Por su parte, la concejala Subelza no sale del asombro y la indignación de la forma en que accionó el hospital y la justicia, por lo que pidió la realización de una autopsia al cuerpo de la bebé.
“El bebé nació vivo. La madre me dijo que lo escuchó llorar al nacer. No solo lo dice la joven sino también las enfermeras. Hay testigos de sobra de que la criatura estaba con vida”, aseguró. “Y cuando la joven pidió que le acercaran a la bebé, la médica le dijo que no se podía y ahí fue que la pusieron en una bolsa de residuos junto a la placenta y la cerraron”, relató.
Subelza tomó conocimiento del caso el 23 de agosto por la noche, cuando la joven fue internada en el hospital porque su tío se comunicó con ella para pedirle ayuda. “Inmediatamente me comuniqué con el gerente del hospital, el doctor Santiago Payo, que me aclaró que el aborto se iba a hacer igual porque es lo que manda la ley”, recordó.
Cuando la concejal le refrescó que la ley autoriza la ILE hasta las 14 semanas de gestación, dijo que Payo le respondió: “Las leyes cambiaron y el aborto se va a hacer igual porque la chica está en pleno uso de sus facultades y en condiciones mentales para poder decidir”.
La controversia está justamente en este último punto debido a que “la joven manifestó su arrepentimiento antes de entrar al quirófano y eso quedó sentado en el libro de enfermería del hospital”, indicó Subelza.
“Cuando hablé con ella me dijo ‘lo quiero tener, no voy a abortar’. De las 16 pastillas que le había dado la médica ella había tomado solo 4. Sin embargo, la médica le dijo que no podía irse a su casa porque corría riesgo su vida y la metieron en el quirófano contra su voluntad”, denunció la concejala.
Para la mujer hay una cadena de responsabilidades en lo ocurrido. “Primero del hospital, por permitir el aborto, y segundo de la justicia, que no actuó para frenarlo”. Y apuntó directamente contra la Fiscalía: “Es llamativo que el fiscal Gonzalo Vega interponga en la causa el inciso 2 del articulo 82 y avale que la médica le hizo el aborto a la joven con su consentimiento. Eso tiene una pena excarcelable cuando en realidad no fue así porque la chica no quería. De ahí se toma el juez para permitir la excarcelación de la médica”.
Mientras que la sociedad salteña se encuentra dividida por este caso y las agrupaciones feministas salieron a apoyar a la médica, Subelza pide que la doctora sea suspendida de sus funciones hasta que se aclare la situación. “No sería la primera vez que realiza un aborto con 5 o 6 meses de gestación, pasa que antes no se hizo la denuncia”, remarcó.
Además, la concejal impulsa un pedido de jury de enjuiciamiento por omisión contra el fiscal y el juez porque “se trata de un delito que tiene hasta 10 años de prisión”, explicó la concejal del oficialismo, cuyo compromiso con este caso -advierte- “podría costarme el puesto”.
La Justicia deberá investigar los detalles -macabros por cierto- de esta “interrupción” de un embarazo de seis meses, es decir, de un bebé viable. El argumento, si se verifica la denuncia del tío de la joven, fue una suerte de eugenesia social -insólitamente promovida en nuestro país por grupos que se consideran progresistas-, pero esta aberración médica debería mover por fin a las autoridades a modificar la Ley o su reglamento si de verdad creen -como pregonaron durante los debates- que “la vida empieza en la semana 14″.
Hace ya unos meses, otro médico salteño, que practica abortos ya que no es objetor de conciencia, advertía que “la ley no fija límite al aborto” y que le llegaban “consultas de 28 semanas”. “Después de la 11a semana, hay que desarmar el feto -advertía-. Una interrupción legal del embarazo la puedo hacer hasta la semana 38. Lean bien la ley. Les pido a los jueces que por favor hagan algo”.
Cabe señalar que, desde el punto de vista médico, se considera aborto (espontáneo o inducido) a la expulsión del feto antes de la semana 20. Más allá de ese plazo, se trata de un parto pretérmino o nacimiento prematuro: el bebé nace vivo, como presumiblemente sucedió en este caso. Su condición es delicada y necesita incubadora. Puede morir ya que es un paciente de riesgo. Pero dejarlo morir ex profeso es una historia muy distinta.
