El Presidente ofreció que su salario sea donado al Instituto Malbrán. Se presentó sin abogado y se representará a sí mismo.
Finalmente, Alberto Fernández decidió presentarse en la Justicia por voluntad propia por la causa iniciada a raíz del festejo de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta -14 de julio de 2020-, cuando estaba prohibida la circulación en el país.
El Presidente se presentó sin abogado patrocinante -era Gregorio Dalbón- y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Según se explicó en un breve comunicado, la oferta es para “la reparación del daño potencial que se hubiere causado” con la fiesta.
El sueldo de Alberto Fernández es de $315.259 por lo que la donación alcanzaría los 630.518 pesos. En el Gobierno explicaron que es la mitad del salario porque “necesita pagar sus gastos corrientes”.
Desde Casa Rosada informaron que Fernández se presentó en el juzgado criminal y correccional federal 7, secretaría 13 a las 17 50 vía electrónica y que se representará a sí mismo.
El jefe de Estado hizo esta presentación minutos antes de que el fiscal del caso, Ramiro González, hiciera pública la imputación contra él y todos los que participaron del evento. De esta forma, quedaron formalmente imputados en la causa, además de Fernández, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh. Todos los invitados eran amigos o colaboradores de la Primera Dama.
La imputación en una causa penal significa que el fiscal identifica a las personas involucradas en el caso y les informa de los hechos por los cuáles están siendo investigados. Con esa notificación los acusados pueden presentarse en la causa, designar abogados y hacer las presentaciones que quieran sobre la causa. Por ejemplo, dar una explicación sobre los hechos.
Alberto Fernández quiso adelantarse a esto y se presentó por voluntad propia. El Presidente entiende que no hubo delito en el festejo y se ampara en que la conciliación es una manera de cerrar un expediente judicial que está contemplada en la ley. El pedido debe ser aceptado por la Fiscalía y luego homologado por el juez, que en este caso es Sebastián Casanello.
