El inmueble ocupa una esquina en la capital provincial y fue puesto en valor como centro de asistencia para personas vulnerables. El decomiso fue logrado en el marco de una investigación del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En el proceso se llegó a la captura y condena de las personas responsables.
Una vivienda que había sido decomisada en el marco de una investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual -caso llevado adelante por el fiscal general Eduardo José Villalba- fue inaugurada el miércoles pasado como sede del “Primer Espacio de Asistencia a Mujeres Víctimas de Trata” en Salta capital.
La reconversión del inmueble se hizo en el marco de un convenio firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de Salta con la Secretaría de Derechos Humanos, la Jefatura de la Policía de Salta y la Fundación Volviendo a Casa.
El inmueble fue acondicionado con la infraestructura necesaria para su nuevo rol, el cual está centrado ahora en asistir a mujeres en situación de vulnerabilidad, ya sea por sus escasos recursos económicos o por su adicción a las drogas.
La vivienda está ubicada en la calle Astigueta al 600 en el “Bajo”, un sector entre Villa San Antonio y Barrio Ceferino, a unos diez minutos del centro de la ciudad de Salta.
“El caso es un contundente ejemplo de los beneficios del sistema acusatorio, pues desde la formalización del caso a la condena pasó un mes”, valoró Villalba.
Una pareja, dueña del inmueble, y otras tres personas cómplices eran quienes explotaban el entonces prostíbulo, en el cual las mujeres, algunas de ellas menores de edad, debían pagar sumas superiores a 500 pesos por día para cumplir con una cuota semanal que rondaba los 6 mil pesos. Esa situación ocurría en un contexto de violencia y sometimiento.
A fines de octubre de 2019, sin embargo, una investigación dirigida por el fiscal Villalba permitió reunir suficientes elementos de prueba respecto a lo que sucedía en el inmueble y desbaratar la organización: el 29 de noviembre de ese año, mediante diversos procedimientos, fueron rescatadas entre 15 y 18 mujeres adultas y una adolescente de 16 años.
Ambos extremos
El 3 de diciembre de 2019, ante el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio se imputó a tres mujeres por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. “La intención de esta fiscalía es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito”, había sostenido el fiscal Villalba en la primera audiencia. Pocos días después fue detenida e imputada la pareja dueña del inmueble.
El 13 de enero de 2020, en tanto y ante el ex juez federal de Garantías N°2 Miguel Antonio Medina, el fiscal Villalba presentó un acuerdo pleno obtenido con la defensa de los principales acusados, en el marco de un proceso de juicio abreviado que, tras ser homologado por el magistrado, marcó jurisprudencia inédita en Salta en la materia.
Además de la condena de la pareja a penas de 3 años de prisión de ejecución condicional y 4 años y 6 meses prisión, el pago de una suma de 70 mil pesos destinado al Fondo de Asistencias a las Víctimas, tal como lo establece la ley, la fiscalía pidió y logró el decomiso de la vivienda tal como lo establecen el artículo 23 del Código Penal (según ley 26.842) y el artículo 310 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), y la Resolución PGN N° 99/09.
