Estaba integrada por ocho personas y tenía como modalidad la obtención de droga, procedente de Bolivia, para su posterior traslado y comercialización en numerosas bocas de expendio de esta ciudad.
El accionar de una peligrosa organización narcocriminal fue desarticulada el miércoles pasado, cuando personal policial de las unidades GOC NOA y UFINAR llevaron adelante diversos allanamientos, tanto en esta ciudad como en el norte de la provincia a raíz de una investigación iniciada el 21 de abril pasado.
Las fuerzas intervinientes actuaron a partir de un trabajo conjunto de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, dependiente de la justicia provincial.
Ello, en el marco de Cooperación contemplado en el Código Procesal Penal Federal y promovido por la Procuración General de la Nación en la lucha contra el narcotráfico, tarea que, a propósito, ya es costumbre entre los fiscales federales y provinciales en Salta.
En este caso, se pudo desarticular una organización que era liderada nada menos que por Fernando Motok, quien logró evadir los procedimientos ordenados para su captura, por lo que se dispuso el pedido de captura del caso.
El “Clan Motok”, cabe mencionar, tuvo participación en el envío de grandes cantidades de drogas al sur del país. En este caso, Fernando, operaba junto a siete personas implicadas, las cuales fueron detenidas e imputadas ayer en una audiencia ante el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo de la jueza subrogante Mariela Giménez.
El fiscal general Eduardo José Villalba condujo la acusación, la cual fue presentada en primer lugar por el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, quien explicó ante la jueza cómo se inició y desarrolló la investigación que derivó en una serie de procedimiento concretados el miércoles pasado.
Viltes Monier resaltó la tarea conjunta con la fiscalía de la UFINAR, la que se inició en abril pasado a partir de datos que esa unidad poseía respecto a la sospecha de que Motok y otro cómplice transportaban y comercializaban drogas desde el norte provincial.
Roles
Al seguir estas pistas, se pudo establecer que efectivamente Motok junto a su pareja Yanina Ordoñez, Andrés Cuevas, Ricardo Robles, Javier Martínez, Selena Salas, Carlos Lazarte y José Ramón Lozano conformaban una organización narcocriminal.
Los acusados tenían como modalidad la obtención de cocaína, procedente de Bolivia, la cual era acopiada en la localidad de Salvador Mazza, para su posterior traslado a esta capital, donde Motok había articulado la comercialización del estupefaciente con vendedores locales.
Con la ayuda de una presentación digital, en una audiencia coordinada por la Oficina Judicial Salta, el auxiliar fiscal explicó en detalle el rol de cada uno de los acusados, las pruebas reunidas y la calificación penal correspondiente.
Indicó que, tanto Motok como Ordoñez, Salas y Cuevas era los encargados de realizar distintas maniobras para el ingreso de la droga, su acopio y acondicionamiento para el traslado, tarea que cumplía Robles, conocido por su oficio de fletero en esa localidad.
Una vez que la droga llegaba a esta ciudad, Lozano, Martínez y Lazarte eran los encargados de llevar adelante la distribución según las órdenes de Motok, ya sea de manera directa o mediante Ordoñez, o bien, Salas, quien también tenía contacto frecuente con el líder de la organización.
Los roles y la participación de cada uno de los acusados, en tanto, fue prolijamente fundamentada por Viltes Monier, quien enumeró diversas medidas probatorias, provenientes de tareas de campo, como vigilancias y seguimientos, al igual que el resultado de interceptaciones telefónicas.
Estas pruebas, cabe resaltar, fueron categóricas para identificar y asignar los roles que tenían los acusados dentro de la organización, la cual fue desarticulada el miércoles pasado, cuando llevaban adelante una entrega importante de estupefacientes.
Detenciones
Al respecto, se dispusieron distintos procedimientos, tanto allanamientos como la interceptación de un vehículo que transportaba la droga. En ese marco, agregó, el miércoles a las 11.30 en la esquina de la avenida Reyes Católicos y Aniceto Latorre, fue capturado Salas y Robles, quienes llevaban consigo 4 kilos 495 gramos de cocaína en un vehículo VW Suran.
Ese mismo día, horas más tarde, se allanó una vivienda donde residía Salas, en Villa Belgrano, donde se secuestró 454 gramos de cocaína. En la casa de Lozano, en barrio Castañares, en tanto, se incautó 14 gramos de marihuana y la suma de 174 mil pesos, dinero producto de la comercialización de la droga.
En barrio Tres Cerritos, en una vivienda donde vivía Lazarte, se secuestró 575 gramos de cocaína, balanzas grameras y ocho teléfonos celulares. Resultado similar se obtuvo al allanar la casa de Martínez, en el barrio Arenales, donde hallaron 399 gramos de la misma sustancia y más de 27 mil pesos.
En vista de ello, se formalizó la imputación contra Salas, Robles, Cuevas, Ordoñez y Lozano por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores y en relación a la carga de 4,495 kilogramos de cocaína. Además, se acusó a Salas, Lozano, Lazarte y Martínez de tenencia de droga con fines de comercialización, en carácter de autores.
Atento a la gravedad del hecho, Vilstes Monier solicitó la prisión preventiva de seis de los acusados, con excepción de Ordoñez, para quien se requirió el arresto domiciliario en función de que la misma tiene tres hijos menores, que requieren el cuidado de la misma.
Tras las rejas
Al respecto, el fiscal Villalba dejó en claro que la fiscalía priorizaba en su caso el Derecho del Niño. Respecto a los otros imputados, en tanto, ratificó el pedido de prisión preventiva, el cual fue cuestionado por las defensas de Salas, Robles y Cuevas.
En los tres casos, sus respectivas defensas plantearon como medida alternativa el arresto domiciliario y minimizaron el riesgo de fuga, como así también la gravedad del hecho, el cual, por cierto, no fue controvertido por las defensas.
Frente a ello, Villalba solicitó el rechazo de los planteos, ya que el caso reúne pruebas contundentes contra todos los acusados y descartó la posibilidad de aplicar una medida menos gravosa, pues los acusados residen en una zona cercana a la frontera y dos de ellos poseen entradas y salidas frecuentes hacia Bolivia, por lo que el riesgo de fuga es latente.
Reconoció, en el caso de Robles, las alegaciones respecto a los problemas de salud de un hijo menor, pero resaltó que el niño, según la prueba presentada por su defensa, tiene contención familiar y sustento económico, por lo que mantuvo el pedido de prisión preventiva.
La jueza Giménez, al resolver, coincidió con los alegado por la fiscalía, dio por formalizada la imputación penal e hizo lugar a la prisión preventiva, al igual que autorizó las pericias pendientes y fijó el plazo de investigación en 90 días, como lo requirió la acusación.
