Luego de analizar las pruebas recabadas, la fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, declinó la competencia provincial en la causa que se le sigue a la empresaria por el delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías N° 4, la declaración de incompetencia material en la causa de Silvia Magno, originada a partir de la violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia en 2020.
Luego de realizar la investigación y analizar la totalidad de las pruebas recogidas, Salinas Odorisio consideró que “el hecho incriminado resulta ajeno a la jurisdicción provincial, por lo que no corresponde la continuidad de la actuación de las autoridades judiciales hasta aquí intervinientes”
En el escrito elevado al juez de Garantías, la fiscala señaló que “el hecho endilgado a la encartada Magno implica que se han violentado las formas y requisitos impuestos por las autoridades nacionales en virtud del DNU 297/20 y las excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (en particular por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación) para efectuar el transporte interjuridiccional de personas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19; siendo dichas medidas impuestas para proteger la salud pública de la población y evitar la propagación de la enfermedad a un número indeterminado de personas máxime considerando que en el presente caso se trata de transporte interjurisdiccional”.
Cabe recordar que la Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio en la causa, a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el 9 de abril de 2020 llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”.
El 16 de junio de 2020, durante la audiencia de imputación, Magno se había negado a declarar aunque después presentó por escrito un descargo, acompañando copia simple de documentación consistentes en DUT y autorizaciones de la Subsecretaría de Transporte de la Nación.
Luego de reunir las pruebas y tomar declaración testimonial a Juan Carlos Garrido, en su carácter de Delegado Regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte(CNRT), Salinas Odorisio decidió elevar la declaración de incompetencia material del fuero provincial en la causa.
