La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputará en las próximas horas a un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos este jueves, luego de un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente y a partir del cual también se secuestraron elementos de interés para la investigación.
La intervención de Salinas Odorisio inició a partir de la denuncia de una persona que resultó afectada por compras con su tarjeta de crédito, por una suma superior a los $ 200.000 (doscientos mil pesos), en comercios de la provincia. También fue utilizada para pagos en dólares estadounidenses para compras realizadas en el exterior.
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos Complejos del CIF del Ministerio Público Fiscal, permitieron identificar a los autores del delito, al confirmar que valiéndose de información obtenida en las empresas en las que trabajan, la pareja utilizó números de tarjetas de crédito ajenas y realizó compras online.
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La estafa, bajo la modalidad “hormiga” fue verificada a través de compras realizadas mediante una aplicación de pedidos a domicilio, para la cual utilizaron nombres de terceros durante un año y medio. El denunciante sufrió débitos de su cuenta de caja de ahorros, en moneda argentina y extranjera, y además, contrajo una deuda por los intereses sumados por compras realizadas en moneda extranjera.
Ambos detenidos cuentan con antecedentes, ya que fueron denunciados en 2018 cuando él trabajaba en una concesionaria y una firma crediticia. Actualmente, el hombre se desempeña como asesor comercial de una empresa de alarmas y valiéndose de su conocimiento en el uso de tarjetas de créditos y débitos, habría robado datos del denunciante, quien a su vez, fue captado por la esposa del primero, quien trabaja en una empresa de telefonía celular.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos reiteró la necesidad de radicar la denuncia pertinente ante casos de estafas, porque la modalidad registra gran cantidad de víctimas que no dan a conocer los hechos defraudatorios. Es que la mayoría, como primera medida, desconoce la compra ante la entidad bancaria, que absorbe la responsabilidad financiera sobre el cliente. En consecuencia, muchas víctimas desisten de denunciar al no verse afectadas en su patrimonio y ello propicia la impunidad de quienes utilizan sus datos crediticios con fines ilícitos.