El subdirector del Registro Civil Marcelo Gerardo Romero y Aldo Daniel Gómez, asesor legal son dos de los integrantes de la banda que cobraban para realizar actas y otros trámites ilícitos que llevaban a cabo en el organismo.
Lo que llamó la atención es que el Gobierno no haya decidido la intervención del organismo debido a las irregularidades registradas y comprobadas.
Hoy, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio presentará ante el Juzgado de Garantías la revocatoria de los arrestos domiciliarios de las cinco personas imputadas por fraude en perjuicio a la administración pública, concusión y de manera provisional por el delito de asociación ilícita.
Los otros involucrados en calidad de coautores, son: Mauro Cristóbal Paz, José Antonio Daruich y en carácter de partícipe necesario, José Waldo Mercado, este último era cobrador de estacionamiento en la cuadra y el encargado de conseguir los clientes.
Durante 48 horas los imputados estuvieron detenidos en la Alcaidía, luego el juez Ignacio Colombo resolvió brindarles el beneficio del arresto domiciliario a todos bajo la premisa de un “análisis racional y de proporcionalidad” por no haber riesgo de fuga o entorpecimiento en la causa.
Sin embargo, las nuevas pruebas que desde la Fiscalía presentarán hoy podrían poner en evidencia un claro entorpecimiento en la causa ya que uno de los imputados habría hablado telefónicamente con gente del gremio e incluso con funcionarios políticos con el objetivo de pedir que los testigos no hablen.
