La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de severidades calificadas y lesiones leves.
Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo, el cabo Ignacio Esteban Zurita y el cabo Darío Aníbal Guzmán, todos con revista en la División Seguridad Urbana.
Del requerimiento surgió que, en la madrugada del 13 de junio de 2020, los acusados a bordo del móvil 1727 se desplazaron a colaborar con el móvil 1737 de la subcomisaria de Villa Lavalle, donde divisaron a los causantes del robo a un remisero, a quien asaltaron con un cuchillo en inmediaciones de la esquina de las calles Julio Paz y Carlos Outes.
Al divisar a un menor que se daba a la fuga, los imputados lograron alcanzarlo en el Pozo de la Muerte y lo detuvieron. Luego, lo trasladaron a la subcomisaria de Villa Lavalle, donde según el menor, los mismos efectivos que lo detuvieron, lo metieron a una habitación y lo golpearon en distintas partes del cuerpo, que les produjeron al menor lesiones que fueron constatadas por certificados médicos.
En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que surgió con claridad manifiesta que la figura endilgada del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo ser humano en virtud de ser sujeto de derecho y que atañe directamente a su dignidad como persona.
Se tiene así que los acusados, funcionarios policiales con el deber de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo una conducta totalmente contraria a lo que se espera de un funcionario, pues, en la situación de encierro, produjeron actos lesivos hacia la integridad física del menor, que resultó en el reproche penal.
