El Presidente cree que la idea del senador kirchnerista responde a su pedido en la Asamblea Legislativa. El funcionamiento de la comisión dependerá del reglamento que articulen sus integrantes, sin embargo una dirigente cercana a CFK ya habló de remover jueces
En medio de su pelea con la Justicia, el oficialismo anunció que activará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a magistrados.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el jefe de Estado está de acuerdo con que el Congreso ejerza “un control cruzado” sobre el Poder Judicial y le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que empezara a trabajar en el tema.
Si bien el reglamento de esa comisión dependerá de la forma en que el Parlamento materialice la idea expuesta por el jefe de Estado ayer en la apertura de sesiones ordinarias, el senador ultra “k” Oscar Parrilli marcó la cancha y anunció esta mañana cuáles deberían ser sus principales lineamientos.
“Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”, había declarado ayer Fernández.
Parrilli anunció en declaraciones radiales a El Destape que ya está trabajando en el tema. Su objetivo no sólo es ejercer un control de las decisiones que adoptan los jueces, sino convocarlos a declarar ante la comisión e interrogarlos. “Esperemos que así sea y que concurran, estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”, contestó este mediodía ante una consulta del periodista Roberto Navarro.
“El Presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”, explicó.
La abogada Graciana Peñafot dio un paso más y recordó que el Congreso “tiene la facultad de remover a los jueces de la Corte”.
Este lunes el mandatario embistió contra el Poder Judicial y dijo que se encuentra en los márgenes de la República. Además, anunció una serie de proyectos, entre ellos el de creación de un nuevo tribunal que le recortará el poder a la Corte Suprema. En ese contexto, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de que exista “un control cruzado” institucional del Poder Legislativo sobre el Judicial.
En su discurso, Fernández apuntó contra los fiscales y eligió especialmente como destinatario de sus críticas a Carlos Stornelli. El fiscal del caso de los cuadernos habló del tema en diálogo con Infobae.
“Yo estoy preparando una presentación para saber en qué están los dos pedidos de juicio político que hizo a Stornelli. Tenemos un fiscal prófugo que actúa. Como dijo ayer el Presidente, inventaron una teoría del poder residual para poner presos a personas inocentes y algunas personas que tienen poder real siguen funcionando. Es una cosa digna de toda perplejidad”, planteó Parrilli.
Stornelli fue procesado en la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla a partir de los dichos del falso abogado Marcelo D’Alessio, pero no existe ninguna orden de detención en su contra ni impedimentos para ejerza su tarea como fiscal.
Propuestas y pedidos
Alberto Fernández le pidió al Congreso que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.
Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.
El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.
Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.
Otro será la revisión del artículo 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se trata del articulo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.
También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.
