La sentencia, instada por el fiscal general Carlos Amad, fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°1. Hubo un gendarme absuelto por el beneficio de la duda y otras cuatro personas del entorno de los funcionarios y las funcionarias de la fuerza de seguridad que fueron condenadas por encubrimiento.
Cumplidos los alegatos y resueltos diversos planteos defensivos, el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz y Marta Liliana Snopek, dio a conocer ayer el veredicto en el juicio a siete gendarmes y miembros de su entorno investigados por cobrar coimas, que culminó con condenas de entre 8 y 12 años de prisión para seis funcionarios y funcionarias de la fuerza de seguridad y para otras cuatro personas por el delito de encubrimiento.
Las penas dictadas por los jueces coinciden prácticamente en su totalidad con lo requerido por el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, quien llevó adelante la acusación contra los once acusados que llegaron a juicio por formar parte de una organización que cobraba coimas a empresas que trasladaban a comerciantes para realizar tour de compras.
La principal condena recayó sobre el oficial de la Gendarmería Nacional, con revista en el Escuadrón 45, Ricardo Antonio Gil, quien fue sentenciado a doce años de prisión por resultar autor del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador.
Asimismo, y en concurso real, Gil fue condenado también por el delito de concusión, como así también se dispuso la inhabilitación perpetua y una multa por el monto de 777.082 pesos. La calificación penal y el monto de la pena coincide con la solicitud de la fiscalía.
También por el delito de asociación ilícita, pero en calidad de “miembro”, en concurso real con concusión, el tribunal condenó a los y las gendarmes Federico Andrés Báez, María Cristina Luján y Guillermo Damián Tillería a la pena de diez años de prisión, mientras que Sofía Yanina Suárez recibió ocho años por los mismos delitos.
Por otra parte, y también a pedido de la fiscalía, los jueces condenaron al subálferez Roque Gonzalo Luján a la pena de ocho meses de prisión condicional e inhabilitación por dos años para desempeñarse como funcionario público por ser considerado autor del delito de violación de secreto, en grado de tentativa.
Al igual que Gil, y con excepción de Suárez, los otros gendarmes condenados fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y deberán afrontar el mismo monto de multa. Un séptimo integrante de esa fuerza, identificado como Roberto Juan Bautista, resultó absuelto por el beneficio de la duda.
El fiscal Amad señaló que los integrantes de esta organización solían interceptar los vehículos o colectivos de los distintos tours, y en función de la carga que llevaban establecían el monto en dinero u otra dádiva.
Por encubrimiento
En otro tramo del veredicto, los jueces resolvieron condenar a dos años de prisión condicional por el delito de encubrimiento, en calidad de autor, a Gisel Paola Gil, hermana del principal condenado. La misma pena recayó a Leonardo Torres, pareja de Luján; Emanuel Fernando Cruz, cabo del Servicio Penitenciario de la provincia, y Adela Fleita, madre de los hermanos Gil.
Respecto a estos condenados, la fiscalía indicó que, tanto Gisel Gil como su madre, conocían las maniobras desplegadas por el oficial condenado. Fleita, incluso, administraba y coordinaba el dinero que le enviaba su hijo.
Respecto a Cruz y Torres, parejas de Suárez y Luján respectivamente, la fiscalía sostuvo que no sólo estaban al tanto del accionar ilícito, sino también incentivaban la continuación de la actividad delictiva desplegadas por la organización.
Por último, y además de imponer reglas de conducta a los acusados que recibieron penas de ejecución condicional, como la de fijar residencia y la prohibición de salir del país, el tribunal, tal como lo pidió la fiscalía, ordenó el decomiso de diez teléfonos celulares, una computadora, una bicicleta, dos aires acondicionados portátiles, un secarropa, dos consolas de juego, un horno microondas, un televisor Led de 55 pulgadas, un monitor Led de 21,5 pulgadas, una impresora, una heladera, una motocicleta de 250 cc y un automóvil Renault Megane.
A ello se sumó también la suma de 388.541 pesos, dinero que, al igual que los bienes ya mencionados, fueron secuestrados en diversos allanamientos realizados a lo largo de la investigación del caso, la cual fue llevada adelante por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta.
El debate
El caso, iniciado el 27 de enero de 2017 por la Fiscalía Federal Nº 2 a partir de una investigación preliminar, llegó a juicio el 15 de julio del año pasado, tres meses después de iniciada la pandemia, lo cual generó diversos contratiempos. Los inconvenientes, sin embargo, fueron subsanados a partir de la aplicación de distintos protocolos sanitarios.
Con la realización de una audiencia con periodicidad casi semanal, la fiscalía logró ratificar a lo largo del debate la acusación presentada contra los gendarmes y sus cómplices. Se fundó a partir de irregularidades detectadas en los controles efectuados sobre vehículos que formaban parte de los denominados “tours de compras” y la facilitación del comercio de mercadería ingresada ilegalmente al país.
Con tareas de campo, intervenciones telefónicas y la acción de un “agente revelador”, la investigación confirmó la actuación de las personas ahora condenadas.
De las tareas de campo, a cargo de la División de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Salta de Gendarmería Nacional, se pudo establecer el radio de acción de esta actividad delictiva: según las intervenciones telefónicas y el aporte obtenido por medio de un “agente revelador”, era desplegada por los gendarmes acusados.
En concreto, el fiscal Amad, tanto durante el juicio como en su alegato, sostuvo que el oficial Gil junto a sus cómplices y la red de encubridores, la mayoría de ellos familiares, montaron una organización delictiva que tuvo como fin el cobro de dádivas o coimas a distintas empresas que transportaban a comerciantes.
Esta actividad se realizaba a lo largo de la ruta 5 y otras vías de tránsito en las localidades de Las Lajitas, en el Departamento de Anta y El Naranjo, en Rosario de La Frontera, en el sur de la provincia, previo al ingreso a Tucumán.
De las pruebas expuestas en el juicio, tanto documental como la aportada por los numerosos testigos, el fiscal Amad señaló que los integrantes de esta organización ilícita solían interceptar los vehículos o colectivos de los distintos tours, y en función de la carga que llevaban establecían el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para dejarlos circular, aunque se pudo establecer que la tarifa promedio oscilaba en la suma de 15.000 pesos.
Resaltó que cada uno de los imputados tenía a su cargo una tarea en la división de funciones del plan criminal, lo cual permitió un mayor grado de eficiencia en la maniobra delictiva, e identificó cada aporte individual como un eslabón necesario, ya sea para encausar a los rodados que se debían controlar o para su posterior pedido de dinero y distribución de las ganancias.
Amad apoyó la acusación y pedido de penas no sólo en los informes, actas, resultado de los allanamientos y lo declarado por los testigos, sino también en el contenido de numerosas intervenciones telefónicas, que finalmente prevalecieron debido a la contundencia probatoria respecto del accionar de cada uno de los integrantes de la organización.
