Dos productores del sur de la provincia de Salta deberán plantar ejemplares de Quebracho Blanco y Colorado y financiar una campaña para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, entre otras medidas.
El fiscal general Francisco Snopek, del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, dispuso de la acción penal en un caso formalizado contra dos productores por el delito de encubrimiento calificado por ánimo de lucro, en una audiencia celebrada ayer al mediodía ante el juez federal de Garantías Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
A cambio, la fiscalía aceptó el compromiso de los productores en la reparación del daño ambiental, consistente en la plantación de ejemplares de Quebracho Blanco y Colorado por una cantidad equivalente a 30 mil pesos, la colocación de cartelería, la financiación de una campaña radial para evitar la tala ilegal y el pago de una suma de dinero en concepto de resarcimiento a Parque Nacionales.
En la audiencia, el fiscal se refirió al caso y explicó aspectos de las tratativas mantenidas con la defensa de los acusados y la querella, como así también detalló el compromiso adquirido por los dos acusados, Juan Carlos Mateo y Francisco Barbero. Por su parte, el defensor oficial Martín Bomba Royo, en representación de ambos productores, reconoció el planteo de la fiscalía y aportó precisiones, tras lo cual el juez los interrogó respecto a la salida alternativa planteada, que fue reconocida y consentida por ambos.
En vista de ello, el magistrado explicó que, en caso de incumplimiento por parte de los productores, la acción penal podría reactivarse. La investigación penal del caso se había formalizado en diciembre del año pasado, circunstancias en que el fiscal imputó a Mateo y Barbero el haber transportado y recibido rollos de madera de bosque nativo pertenecientes a ejemplares protegidos en Reserva Nacional de General Pizarro, ubicada a unos 268 kilómetros de la capital salteña.
Gravedad del daño
Aunque no provocaron el daño de manera directa, la fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores en la recepción de los ejemplares extraídos de un sector prohibido de la Reserva Nacional Pizarro, que fue creada el 16 de diciembre de 2014 y posee 7.876 hectáreas de flora y fauna protegida.
En este caso, y según lo establecido por la fiscalía en la audiencia de formalización, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la reserva, donde está asentada la comunidad Wichi “Eben Ezer”, que tiene un contrato comodato con Parques Nacionales para ocupar una determinada área y desarrollar tareas autosustentables.
Pese a que un sector se hallaba demarcado, la extracción los ejemplares se realizó en una zona prohibida, en donde no puede ingresar la comunidad Wichi y mucho menos los acusados, puesto que la prohibición se dispuso para la protección de más de 300 especies de árboles existentes allí, entre ellas las variedades de Quebracho, Itín y Yuchan.
Para ello, el fiscal detalló que la campaña que acordaron financiar los hombres se extenderá por dos meses, con difusión diaria en una radio local que tiene un amplio alcance, no sólo en esa localidad sino en los parajes vecinos del departamento de Anta.
A ello se sumará la instalación de cartelería de chapa galvanizada, cuyo contenido preventivo será coordinado por Parques Nacionales, aunque se estableció que deberá dejar en claro la prohibición de la tala de árboles en la zona protegida, como así también hará mención del caso llevado a la justicia como una advertencia de las medidas que se podrían tomar a futuros infractores.
