Justo cuando la causa de los cuadernos tomaba un crucial impulso en la Justicia, el periodista Diego Cabot recibió la novedad de que era perseguido por la decisión de un juez. Cabot es el principal autor de esa revelación de corrupciones cruzadas entre exfuncionarios kirchneristas y empresarios. La persecución a Cabot no opaca la valiente resolución de la Cámara de Casación, que declaró constitucional la ley del arrepentido y avaló judicialmente el testimonio del chofer Oscar Centeno (autor de la precisa crónica sobre la entrega y el recibo de los sobornos).
Sin embargo, instala la sensación de que existen dos justicias. Una: independiente y dispuesta a cerrarle el paso al omnipresente proyecto de impunidad. La otra: sencillamente al servicio de la impunidad. El caso de Cabot preocupa sobremanera porque podría tratarse (o seguramente se trata) de un adelanto de próximas ofensivas contra el periodismo. ¿Por qué no lo haría una administración conducida intelectualmente por Cristina Kirchner, que ya arremetió contra jueces y fiscales que la investigaron? ¿Por qué el periodismo quedaría excluido de su plan de revancha?
Los cuadernos de las coimas: la Cámara de Casación validó las declaraciones de los arrepentidos
Una denuncia pícara y tendenciosa del llamado “zar de Retiro”, el empresario Néstor Otero, busca individualizar a la persona que tuvo los originales de los cuadernos mientras se sustanciaba la causa. Los originales aparecieron cuando ya la investigación estaba bastante avanzada. Ni Otero ni el juez, Marcelo Martínez de Giorgi, encontraron mejor manera de llegar a esa información que averiguando con quién y cuándo se reunía Cabot con sus fuentes de información. Martínez de Giorgi ordenó al municipio de Vicente López que le entregue los archivos fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona donde Cabot se encontraba con su fuente. Otero pidió también que se investigara las celdas del teléfono celular de Cabot para determinar la ubicación y el número desde el que recibía llamadas. El juez no rechazó este último requerimiento, pero tampoco lo aceptó. No dijo nada.
Vale la pena repasar quiénes son los dos principales protagonistas de esta historia: el empresario y el juez. Martínez de Giorgi es un juez que aspira a ascender a camarista y que su esposa sea nombrada jueza en Hurlingham. Su trayectoria del último año es objetivamente funcional al tercer gobierno kirchnerista. Por ejemplo, Martínez de Giorgi cajonea desde hace años una investigación sobre carpetas con informes de los servicios de inteligencia encontradas en la casa de Cristina Kirchner. Esos informes, que datan de cuando ella era presidenta, refieren a actividades de dirigentes políticos opositores, como es el caso Francisco de Narváez, o de empresarios a los que le tenía especial antipatía, como el entonces presidente de Repsol-YPF Antonio Brufau. Existen hasta desgrabaciones de reuniones de directorios de empresas. Esas carpetas fueron encontradas por el exjuez Claudio Bonadio durante un allanamiento a la casa de la expresidenta. Bonadio decidió mandar ese material de los servicios de inteligencia a sorteo, porque no se relacionaban con las causas que estaban en su juzgado. Cayó en manos de Martínez de Giorgi y ahí murió. El juez nunca movió un solo papel para averiguar nada. Así las cosas, la expresidenta acusa a otro gobierno de lo que hacía con los servicios de inteligencia, pero no se hace cargo de lo que hacía ella misma.
Otero es el dueño de las concesiones de las terminales de ómnibus de Retiro y de trenes de Once. En rigor, es el dueño de toda la estación de Retiro, incluidos los comercios que funcionan dentro de ella, desde casas de ropa hasta los café. Su concesión venció en 2015, pero nadie pudo sacarlo de allí. Cabot es autor varias notas publicadas en la nacion en las que se criticó su gestión en esa terminal.
El antecedente más importante de Otero es que estaba en la causa de los cuadernos. Fue detenido y procesado. En octubre de 2018, su casa de Puerto Madero fue allanada. La Justicia encontró un millón de dólares y un millón de pesos. Pidió arresto domiciliario. Según los apuntes del chofer Centeno, Otero le entregó el 3 de junio de 2015 a Nelson Lazarte, exsecretario de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, la suma de 250.000 dólares en efectivo. La entrega se habría hecho en las oficinas de Otero en Retiro.
Ahora, Otero se alarma porque podrían haber existido personas que ocultaron los originales de los cuadernos e impidieron el normal funcionamiento de la Justicia. Más aún: el brote justiciero de Otero llega al extremo de señalar que si los cuadernos originales fueron verdaderos al chofer Centeno le cabe una condena de entre 4 y 10 años de prisión por el ocultamiento del delito y la pérdida del beneficio de ser arrepentido. Pero, concluye, para llegar a tales verificaciones hay que investigar las relaciones profesionales de Cabot. El 7 de noviembre del año pasado, cuando ya el gobierno peronista había ganado la presidencia en primera vuelta, Otero se presentó como querellante de la causa.
Martínez de Giorgi tomó la decisión de hurgar en las fuentes de información de Cabot sin la intervención de Carlos Stornelli, que es el fiscal de la causa iniciada por Otero. La no intervención de Stornelli podría terminar en la nulidad de la decisión del juez. La resolución del magistrado es inconstitucional, porque la Constitución protege explícitamente las fuentes de información de los periodistas. El mandato constitucional respalda al periodismo de investigación, porque protege las fuentes muchas veces anónimas del periodismo. Martínez de Giorgi eligió el camino contrario: su decisión desalentará la investigación periodística. ¿Tendrá Cabot la voluntad de investigar con la paciencia de un artesano, como lo hizo para comprobar que lo que decían los cuadernos de las coimas era verosímil, si corriera luego el riesgo de que la Justicia ventile sus fuentes? En última instancia, ¿puede un juez levantarse contra la Constitución? Esta es la pregunta que deberán responder, cuanto antes, las instancias superiores de Martínez de Giorgi.
Si el cristinismo se alegró con la persecución a Cabot, otra decisión judicial le arruinó la fiesta. Los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone pusieron punto final a la especulación sobre la constitucionalidad -o no- de la ley del arrepentido. La argumentación más sólida la escribió Barroetaveña, a la que Petrone adhirió en su mayor parte, con un estilo sobrio y preciso. Sin decirlo explícitamente, esos dos magistrados tiraron abajo también el relato de lawfare, la invención discursiva más reiterativa de los seguidores de Cristina Kirchner y de ella misma. El tercer miembro de ese tribunal, la jueza Ana María Figueroa, es una sincera simpatizante de la expresidenta y, por lo tanto, votó contra la opinión de sus dos colegas.
La resolución mayoritaria de Barroetaveña y Petrone señala que los arrepentidos son tales porque quisieron serlo. Nadie los obligó. Podían callar. ¿Buscaban un beneficio? Sí, claro: la disminución de la pena. Es lo que sucede en todos los países del mundo que premian a los arrepentidos que dan información importante y comprobable. Esta es una parte relevante del aporte de los arrepentidos: fiscales y jueces tienen la obligación posterior de comprobar que lo que dijeron es cierto. Si fuese mentira, el castigo es una condena a veces más grave que las que les correspondería por el delito que cometieron. Fiscales y jueces deben preguntarles a los arrepentidos hasta si la elección de sus abogados defensores fue una decisión propia, libre y autónoma.
Barroetaveña y Petrone señalan también que a la Justicia debe recurrirse con argumentos jurídicos y con pruebas, no con discursos políticos. También destacaron que la ley del arrepentido no puede ser vinculada con violaciones del derecho de defensa o de las garantías constitucionales de ser juzgado con pruebas. “No estamos ante confesiones sacadas bajo tortura o ante fuerzas de seguridad”, subrayan. Además, agregan, esas confesiones no deben ser las únicas pruebas invocadas para una resolución judicial. “Y no lo son en este caso”, enfatizan, categóricos.
El cristinismo martilló con la idea de que los arrepentidos hablaban porque eran extorsionados con la amenaza de cárcel. Argumento derrumbado. También insistió con el pretexto de que una supuesta colusión de jueces y medios periodísticos habían condenado a dirigentes progresistas. Este extravagante concepto lo hizo suyo hace pocos días el propio Alberto Fernández para criticar la ley del arrepentido. En las decisiones judiciales de la causa de los cuadernos no solo hay arrepentidos, sino también pruebas, dijeron, aunque con otras palabras, los jueces Barroetaveña y Petrone. Se terminó el relato. Hay cristinistas que confían todavía en un recurso ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal ya dijo hace poco tiempo que no se expedirá sobre procesos judiciales en curso. Solo lo hará ante sentencias definitiva. Fue por una presentación de Julio De Vido. Cristina Kirchner debe prepararse: se sentará ante un tribunal oral y público y deberá explicar la catarata de sobornos que consignan los cuadernos del chofer Centeno. Los mismos cuadernos que hizo públicos Diego Cabot.
