La empresa jujeña Inber que está a un paso de ganar el juicio, reclama el pago de una obra de saneamiento que nunca se hizo pero que fue certificada por técnicos de la Provincia.
El proyecto de obra de saneamiento ambiental de construcción de planta depuradora de líquidos cloacales y extensión de red domiciliaria se inició en el año 1998, pero por cuestiones presupuestarias ésta nunca se pudo concretar. En el año 2013 el proyecto fue reactivado por el ex intendente Miguel Angel Talló, logrando un financiamiento de aproximadamente $ 13 millones a través del programa federal Enohsa y para el inicio de los trabajos la Municipalidad de General Pizarro recibió un adelanto de obra de $1.300.000 aproximadamente.
Tiempo después y ante el supuesto avance de los trabajos, apareció una certificación de obra por $ 4 millones que la empresa Inber intentó cobrar al Gobierno nacional, pero Enohsa exigió una serie de documentación con respaldo de Aguas del Norte que nunca se concretó y que terminó de trabar dicho pago. Es decir que Nación suspendió la transferencia de recursos y la constructora jujeña inició unademanda civil.
El problema central de este entuerto judicial que pone en jaque a la Municipalidad de General Pizarro es que jamás se pudo justificar el avance de obra equivalente a los $ 4 millones. Fuentes judiciales aseguran que apenas hicieron unos metros de red de cloacas e incluso se habrían tomado fotografías de cañería existente para aparentar trabajos que nunca se hicieron.
Sin embargo, la certificación que se pretendía cobrar tenía aval y firma del intendente Talló y responsables técnicos pertenecientes a la Secretaría de Asuntos Municipales que daban fe de los trabajos, profesionales que a la fecha siguen ejerciendo tareas en el ámbito del Gobierno de la provincia.
Esta documentación con el visto bueno oficial es que llevó a la empresa Inber a reclamar un millonario pago que sumado intereses y otros ítmes hoy exige al Municipio de General Pizarro la suma de $12 millones a través deuna demanda civil que se tramita en sus últimas instancias en la Justicia de Salta.
Talló se fue de la Municipalidad en diciembre de 2019 y en su reemplazo asumió Francisco Pérez, intendente que hoy enfrenta serias dificultades financieras.
En su momento el nuevo jefe comunal hizo pública la situación de este juicio y por el momento no quiso sumar nuevas declaraciones al respecto aunque expresó que trabaja con sus asesores letrados defendiendo los intereses de su municipio.
Pizarro es el municipio más pequeño del departamento Anta que en la actualidad recibe una coparticipación cercana a los $ 3 millones mensuales y cuyo principal destino es el pago de sueldos de los trabajadores.
En caso de prosperar dicha demanda que se cree podría definirse en enero próximo,la institución local se vería obligada a cerrar sus puertas por lo menos durante cuatro meses hasta poder cancelar dicha deuda.
Pero eso no es todo, además tendría que devolver a Nación el adelanto de $ 1.300.000 ya que dicha obra jamás llegó a ejecutarse.
Expresión del Sur
