La comunidad vichí Yokwespehen (en español, “desocupados, desposeídos”) se encuentra en el km 20 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal (Salta). Está conformada por quince familias. Entre ellos, hay cuarenta niños y adolescentes y cuarenta y cinco personas adultas. Desde hace aproximadamente veinte días, reciben amenazas y hostigamiento por parte del terrateniente Jorge Panayotidis. Este último, radicó en 2019 una denuncia penal contra las autoridades de la comunidad.
El 16 de octubre de este año, el presidente de la comunidad, Rodolfo Suarez Yokwespehen, denunció a Panayotidis por usurpar territorios ancestrales, destruir el cercado de la comunidad y otros daños tras los que se dio a la fuga en su camioneta. La autoridad de la comunidad solicitó que se tomaran medidas legales por violación a los derechos de los niños y de la comunidad y la aplicación de la Ley Nacional 26.160 donde se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de esas tierras.
El municipio, la provincia e instituciones nacionales están no sólo al tanto de la existencia de la comunidad sino de todos sus trámites en relación a la demarcación del territorio. Lo cual queda gráficamente reflejado en el cartel de la Comunidad que fue realizado por el municipio de Tartagal y que lleva su escudo.
Se propuso una mesa de diálogo para canalizar los reclamos planteados en la carta de las comunidades presentada en el mes de julio a los siguientes organismos: INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, de Nación y Provincia), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de Nación y al Presidente de la Nación. Los únicos funcionarios que respondieron para iniciar un proceso conforme a los reclamos de las comunidades fueron el titular del INADI Salta, Gustavo Farquharson y Victoria Donda, titular del INADI Nación.
La causa contra la comunidad existe desde el año pasado pero los organismos del Estado (INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y la Secretaría de Asuntos Indígenas), a pesar de conocer la situación, no actuaron a favor de estas personas. Ni siquiera dispusieron herramientas legales como el amparo u otras normativas para que se garanticen derechos humanos básicos, aumentando así la vulnerabilidad de las víctimas. Mientras tanto, las amenazas y atropellos por parte del supuesto dueño, sus amigos y la policía, no cesan. Tal es así que, miembros de esta y otras comunidades aledañas, decidieron manifestarse al costado de la ruta 86, a la altura de km 5 (Comunidad Loira).
El miércoles 21 de octubre se agravó la situación de amenazas de desalojo. A las cinco de la mañana, los ancianos alertaron sobre la presencia de personal policial. Vieron que ingresaban violentamente, rodeando a la comunidad mientras que los demás integrantes dormían. Sintieron fuertes ruidos de caballos, un grupo de policías (aproximadamente veinte) rodearon a un joven obligándolo a leer una notificación de desalojo a cargo del oficial Olivera. Actuaban de esa manera porque el presidente de la comunidad exigía una orden de desalojo firmada por un juez. El operativo contó con diez camionetas, seis policías de la montada, cinco motorizados.
Continuaron maltratando a las personas. Forzaron a las mujeres a salir de sus camas, a recoger sus pertenencias y retirarse del lugar sin importar sus niños. A los hombres, les hicieron desarmar las viviendas con total impunidad, violando derechos constitucionales, tratados internacionales de derechos del niño y derechos civiles que protegen a los ancianos.
Al ver estos atropellos, una de las abuelas decidió tomar a los niños y salir al monte para protegerse y llegar a otra comunidad ubicada a 4 kilómetros.
Para evitar más violencia y riesgo de sus vidas, las demás familias decidieron retirarse de manera voluntaria y pacífica. El personal policial continuaba desarmando y rompiendo las viviendas prefabricadas que miembros de la comunidad construyeron con mucho esfuerzo, con materiales del monte. Tenían una vida organizada, con economía propia autosustentable. Destruyeron paneles solares, muebles, elementos de trabajo, alimentos, abrigo y las casas en su totalidad.
Al agravarse la violencia institucional, se dio conocimiento a la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) a través de su Secretaria de Pueblos Originarios, Dra. Claudia Andrea Gotta. Su intervención, junto a la del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) fue crucial. Sus responsables se comunicaron con Rodolfo Suárez para interiorizarse de la situación. Acordaron la espera de diez días.
Más tarde, sin tener un lugar a donde ir, las personas de la comunidad se convocaron a la altura del km 5. Dejaron sus pertenencias al costado de sus tierras, en el km 20. La policía custodiaba el territorio despejado, como había ordenado la Justicia. Sosteniéndose ante tanto daño, al medio día recibieron una notificación intimándolos a retirar sus cosas del lugar.
Ante la difusión de los medios de comunicación y el pedido de las organizaciones de DDHH a funcionarios locales, provinciales y nacionales para frenar toda esta violencia y asistir a las familias, nos preguntamos: ¿Qué rol cumple la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Tartagal a cargo de la Sra. Margarita Rauch? ¿Por qué no actuó cuando recibió el oficio del Juzgado? Sabemos que antes de realizarse un desalojo esa Secretaría debe brindar asistencia a las familias vulnerables. Son muchas las preguntas que nos hacemos. No solo porque se ignoran las leyes sino también por la persecución y el desamparo estatal de mujeres y niños abandonados, siendo que es el Estado quien debe garantizarles condiciones de vida dignas.
También nos preguntamos qué pasó con el oficio enviado el 16 de octubre donde se especifica “… dar inmediata intervención a la Secretaría de la Niñez de esta ciudad y al asesor de incapaces en turno que corresponda, teniéndose en cuenta que (…) pudiera encontrase en juego el resguardo de la integridad de personas menores de edad en riesgo social o extrema vulnerabilidad (…) Dar intervención al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta a los fines de que (…) se dé la debida y necesaria contención a los desalojados para resguardar la dignidad de las personas y se adopten las medidas asistenciales necesarias y de promoción social, acordes con la acreditación de la situación de pobreza y de demanda habitacional. Firman: Dr. Nelson Aramayo (Juez) y Dra. Tamara Peralta (Secretaria)”.
Si los organismos del Estado incumplieron su rol (lo cual hubiera evitado daños que no tienen reparo), ¿quién pensó en los cuerpos de las mujeres? ¿En la salud de los niños y en la integridad de toda una comunidad? Después de este desalojo violento no se efectuó la “promoción social” que dispuso la Justicia. Como pueblos indígenas, estas personas, no tienen “demanda habitacional” sino que son dueños del territorio por herencia ancestral.
Desde Desarrollo Humano se interpretó ese oficio con tres bolsones de mercadería para quince familias (con cuarenta niños) y tres colchones. Las familias llevan varios días desatendidas en todos los aspectos necesarios. El personal de salud no se presentó, en plena crisis sanitaria. Solo el día del desalojo llegó una ambulancia del sistema público argumentando que el médico y la enfermera estaban para atender a la fuerza policial, en caso de que hubiese algún herido entre quienes ejecutaban el desalojo.
De acuerdo a lo decidido por la comunidad (en acompañamiento con otras comunidades) continuaron en el km 5, al costado de la ruta 86, solicitando la presencia de funcionarios del INAI y de la Secretaría de Asuntos Indígenas. A las tres de la tarde de ese día miércoles 21 de octubre, se realizó una reunión por Zoom propuesta por el titular del INADI con representantes de las comunidades de los Departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia; el secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almaraz y el secretario general de la gobernación Matías Posadas. En esa mesa de diálogo, los funcionarios provinciales se comprometieron a brindar respuestas a las prioridades más urgentes. Entre ellas: atender con urgencia a la situación del desalojo, la falta de acceso al agua, a la tierra, a los servicios de salud, vivienda y educación; la restitución del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital de Tartagal y la asignación de un letrado (abogado Ramiro González) como intermediario entre el gobierno y la Justicia.
Al finalizar la reunión, los referentes de las comunidades de Tartagal regresaron a la ruta 86 para analizar lo acordado con los funcionarios y compartir la información con quienes se encontraban allí. Conforme a ello, decidieron quedarse en el lugar hasta el día jueves. Una variable más de vulnerabilidad en estas situaciones de desalojo es el agotamiento por permanecer en la ruta con altas temperaturas. Pasaban las horas y no tenían ningún tipo de respuestas. Decidieron consultar por vía telefónica en la ciudad de Salta al equipo técnico de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Con malas maneras y autoritariamente, les explicaron que desde esa área estaban arbitrando los medios con la Justicia. Pero las comunidades seguían en vilo, sin la presencia de ninguna autoridad, ni provincial ni municipal.
Ante la angustia y la espera, la comunidad tomó medidas urgentes. Porque, a la vez, desde comunidades cercanas al km 2, se les informó que sus territorios estaban bajo el fuego provocado por el terrateniente que se dedica al agro negocio de soja transgénica, un exponente de las fumigaciones de agro tóxicos en la zona de Tartagal y de la extracción de madera del monte. Por lo tanto, resolvieron que algunos se quedarían en la ruta y los demás se dirigirían al lugar en el km 20 para apagar el fuego. Las pertenencias de las familias habían quedado tiradas en la vera de la ruta y corrían peligro de quemarse.
Las horas pasaban y se acrecentaba la preocupación no solo de la comunidad sino de otras comunidades y de las organizaciones de DDHH que acompañaban este justo reclamo. Al llegar a su tierra, las personas se encontraron con una camioneta propiedad de Jorge Panayotidis. Con tonos amenazantes, sus ocupantes manifestaron que debían alambrar el monte. No era la primera vez que se actuaba con esa prepotencia. Desde hace años recorren esos lugares en su camioneta 4×4 con armas, realizando tiros al cartel que identifica a la comunidad.
La gente expresaba su intranquilidad frente al atropello y la ausencia del Estado. Esperaban la presencia de funcionarios que resolvieran con urgencia estas arbitrariedades. Luego de horas, se presentaron el abogado Ramiro González, Rafael Montaña y otra persona más. Después de un tiempo de charla, llegaron a un acuerdo no muy favorable para las personas damnificadas: les propusieron un acampe frente de su propio espacio por un lapso de diez días. En ese tiempo, se llevaría a cabo la mensura del territorio. Mientras tanto, las familias quedaban expuestas a su suerte. En esta mediación engañosa, también se encontraban efectivos de la policía, un comisario a cargo del operativo del desalojo que se comprometieron a no avanzar con el alambrado. Lo cual nos hace sospechar de todo el proceso judicial, de las decisiones y de la connivencia entre la municipalidad y el supuesto terrateniente usurpador.
En conclusión, las familias quedaron con sus pertenencias a la intemperie. Sus viviendas destrozadas, sus cercos incendiados, los postes cortados por la mitad con motosierra para que no puedan cercar. Los niños desamparados, porque no se pensó en su integridad física. La policía tiró los útiles de la escuela (cartillas y cuadernos) que utilizaban para realizar sus actividades. Las dos veces que llovió se dañaron y no se pudieron recuperar. Llegada la noche, llovió una vez más. Las familias continuaron expuestas a una situación de abandono
El domingo 25 de octubre, acompañamos y asistimos con alimentos a las familias de la comunidad. Pudimos recorrer el territorio dañado por el violento desalojo y el incendio. Vimos los postes cortados del cerco, herramientas de trabajo arruinadas, pertenencias personales y comunitarias totalmente deterioradas. Las organizaciones presentes eran: Liga Argentina por los DDHH, Asamblea Permanente por los DDHH de los Pueblos Indígenas, UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), Fundación “Volviendo a casa”, Corriente Peronista Descamisados, Loly Bazán (docente miembro del CISEN, Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino, UNSa) y Movimiento Indígena de Liberación Territorio y Dignidad. Hasta la fecha, continuamos acompañando a las familias de la comunidad Yokwespehen no solo para garantizarles su alimentación sino para exigir justicia por los daños ocasionados.
El domingo 25, durante la noche, fuertes vientos causaron la caída de ramas de árboles sobre las carpas precarias que armaron con nylon simple como techo. El viento las desarmó por completo. Sin saber qué hacer, sin luz sin linternas, buscaron los medios para proteger a los niños. Sobre todo, a tres niñas de meses y a las personas ancianas. A la madrugada, volvieron a armar las carpas.
El día lunes 26, integrantes de la organización UTT nos trasladamos hasta el km 20 para preparar y brindarles un almuerzo. El martes 27, también compartimos actividades recreativas de estimulación temprana con niños pequeños y charlas con los integrantes de la comunidad. Entonces, fuimos testigos de la presencia de una camioneta blanca que se estacionó en la ruta durante la mañana. El chofer y una mujer descendieron del vehículo. Hablaron con el presidente de la comunidad, le explicaron que eran del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tartagal y bajaron dos bolsas negras de consorcio que contenían ropa usada para niños y una bolsa con dieciocho pares de calzados: cuatro de alpargatas y catorce crocs para adultos. También notamos la presencia de un agente sanitario que entregó dos paquetes de leche a una madre con niños menores de seis años.
Durante la mañana y tarde que permanecimos al costado de la ruta 86 con las familias desalojadas, vimos circular camiones cargados de rollos de madera y otros transportes pesados. Somos testigos de que, en contexto de pandemia, se sigue deforestando los montes con mayor intensidad y sin registro alguno. No existe control del saqueo de los montes de esta zona.
Los últimos hechos sucedidos en la comunidad son las persistentes amenazas de parte de hombres de la familia Panayotidis. Recorrían el territorio, por la ruta, en una camioneta blanca. La mañana del viernes, se estacionaron y descendió el chofer con un revolver en la cintura. Tres hombres se quedaron mirando. El conductor se dirigió directamente hacia las mujeres sentadas junto sus niños. Les dijo, con acento prepotente, de amenaza, que, si no desarmaban la galería construida en la banquina de la ruta, volverían con más amigos a “tirarla” porque interrumpía su ingreso a la finca que supuestamente compraron sus padres hace 40 años. Las madres y ancianas de la comunidad están muy preocupadas por el amedrentamiento persistente de estos hombres que portan armas para demostrar su poder.
Se realizó una rueda (reunión) y las madres relataron llorando lo que les tocó pasar. Los desgarradores relatos no son solo de esos días. Desde hace muchos años las mujeres vienen siendo abusadas, violadas, por criollos. Y amenazadas de la misma forma que lo hace la familia Panayotidis. Miembros de la Fundación “Volviendo a casa” contuvieron y asesoraron a las víctimas. A las 19:00, llegó la Policía para tomar la denuncia. El efectivo policial no dejó constancia de ella, tampoco se respetó el marco de la Ley 26.485 que protege a las mujeres.
El día lunes 2 de noviembre por la mañana, las mujeres víctimas de violencia de género se presentaron en el Poder Judicial para denunciar a la persona que las amenazó con un arma el día viernes 30. No se pudo identificarla con nombre y apellido y por esa razón se dificultó la denuncia. Se trata del protagonista de la denuncia por desalojo a nombre de Jorge Panayotidis. El trámite continuaría al día siguiente.
El jueves 5 de noviembre los hermanos vichí de la comunidad Yokwespehen regresaron a su territorio ancestral. Sabemos que aún hay mucha lucha por delante.
(*) Educadora Sanitaria graduada de la U.N.Sa., Sede Regional Tartagal. Estudiante de la Lic. en Educación para la Salud de la U.N.Ju. Perteneciente al pueblo Tupí Guaraní. Militante de los Derechos Humanos
