El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto crítico.
Con el fin de proteger la salud pública frente a la propagación del nuevo coronavirus, se dispuso que todas las personas que habitan, o se encuentren temporalmente, en las jurisdicciones donde rige esta normativa deberán permanecer en sus domicilios habituales, solo pudiendo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.
Considerando que la situación epidemiológica no es homogénea dentro del territorio nacional, la administración del aislamiento adoptará una modalidad que contemple la realidad de las diversas jurisdicciones del país.
Las autoridades provinciales y locales podrán solicitar excepciones al aislamiento al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas a partir del cumplimiento de una serie de requisitos así como de la estricta aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes.
Las excepciones otorgadas podrán dejarse sin efecto de forma total o parcial de acuerdo a las disposiciones de las autoridades sanitarias.
La clave del aislamiento comprenderá la prohibición para que las personas puedan salir de sus domicilios. Sólo se permitirán acciones esenciales, como la compra de alimentos y medicamentos o la asistencia a personas que la requieran. Además, quedarán suspendido todo tipo de encuentros públicos.
Al mismo tiempo, se dispondrá un fuerte dispositivo de seguridad en las calles de las fuerzas federales y provinciales. Las fuerzas patrullarán las calles en forma permanente de manera de disuadir a las personas para que permanezcan en sus casas.
