La combinación de factores de la realidad y una inhábil gestión política ponen en riesgo el diseño político de la vicepresidenta con eje pendular en la provincia de Buenos Aires.
El diseño político vertebral de la vicepresidenta Cristina Fernández y de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, ha ingresado en un tiempo de crisis grave. En el medio de la desventura no figura el Presidente, Alberto Fernández. De todos modos, la crisis no le resulta indiferente. Sucede que una combinación de factores de la indigente realidad, acicateados por una inhábil gestión política, ha llenado de barro la geografía de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof.
La enumeración de dificultades resultaría inacabable. Alcanza con reparar en tres conflictos, con vasos comunicantes entre sí. La rebelión de la policía bonaerense. La usurpación de terrenos en el conurbano. La administración de la pandemia que exhibe al gobernador y a su equipo, después de 174 días de cuarentena, más desorientado incluso que la administración nacional.
Los problemas, por otra parte, alumbran y se desarrollan envueltos por las intrigas incesantes en el Frente de Todos. Veamos un ejemplo. El martes 25 de agosto el Presidente realizó en Olivos una de las citas habituales a las cuales asisten siempre Máximo y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. También algunos intendentes. Con frecuencia, Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Juan Zabaleta, de Hurlingham. El martes anterior (1° de septiembre) la reunión no se realizó por el pleito en Diputados entre el oficialismo y la oposición de Cambiemos.
Aquel martes 25 estuvo en el candelero el nombre de Sergio Berni, el ministro de Seguridad. Había tenido un fuerte cruce con la ministro Sabina Frederic. Según su opinión, por la falta de ayuda nacional en Buenos Aires para el combate contra la delincuencia. En esa deliberación Alberto escuchó quejas de los intendentes. Como conclusión, Máximo quedó encomendado pararealizar ante Cristina una gestión a fin de acotar el protagonismo de Berni. Incluso, si era necesario, desplazarlo. Hasta ayer no se tuvo, al respecto, ninguna novedad.
El nombre del ministro vuelve a estar en el centro de las miradas del oficialismo por una rebelión policial que a Kicillof lo tomó por sorpresa. A la mayor parte de los intendentes también.Lo más llamativo: el origen de la protesta tuvo lugar en la Tercera Sección. Donde el oficialismo hace pata ancha. Todos interpelan, con razón, a Berni. Aunque el ministro de Seguridad venía realizando advertencias sobre el estrés a que está siendo sometida la fuerza.
Ninguno de los grandes temas provinciales le es ajeno. La pandemia (hay 4.500 agentes contagiados por el virus y hubo 5 fallecidos). La usurpación de tierras, ante las cuales deja hacer frente a las contradicciones públicas que exhibe el oficialismo. No se saldó la discusión si se trata de un delito o un derecho. El rebrote feroz de la delincuencia una vez que la cuarentena perdió el respeto colectivo. La situación es de tal complejidad que se montó en La Plata un Centro de Salud Mental para atención de agentes.
En ese contexto ocurrieron dos cosas. La “desaparición forzada” del joven Facundo Astudillo Castro, cuyo cadáver fue hallado pero aún se desconocen las causas de la muerte. La decisión del Gobierno de transferir $60 mil millones a Buenos Aires para hacer frente a la emergencia general. Fondos que no incluyen el monto que habrá que destinar al Plan de Seguridad que anunció el Presidente. Prevé además el envío de 4 mil gendarmes.
Los mandos de la bonaerense, cuya cabeza es el comisario Daniel Garcia, aducen que fueron políticamente desprotegidos por el gobierno provincial en el caso Astudillo Castro. Las hipótesis apuntan por ahora a la responsabilidad policial. Del mismo modo, la fuerza se siente postergada con las bonificaciones que, a raíz de la pandemia, recibieron los trabajadores esenciales.
De esa manera se fue incubando la rebelión por mejoras salariales. Cuyos valores vienen muy rezagados. La medida de fuerza, con marchas en todo el conurbano, sin distinción de regiones, forzó una respuesta improvisada de Kicillof que dejó al desnudo su debilidad política. Prometió, a la par de Berni, una “mejora salarial importante” que no alcanzó a calmar los ánimos. Tampoco fue fructífero un ensayo de Frederic que pensó para desactivar el conflicto en especialistas de la Gendarmería.
Kicillof reconoció la justicia de los reclamos. Como ocurre siempre, no logró reprimir el reflejo kirchnerista de buscar culpas ajenas. Habló de una supuesta “mano negra” de la política. Su socio, el titular de SUTEBA, Rodolfo Baradel, acusó directamente al macrismo. Una humorada.
Si se repasa la historia puede comprenderse el fenómeno. Los K nunca mantuvieron una relación confiable con las policías. Tampoco con las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas. El combate contra el delito y los sombríos recuerdos de la dictadura son aspectos traumáticos que suelen paralizarlos. Hace semanas, a propósito, Gendarmería encabezó por denuncia de los vecinos un procedimiento contra narcos en Villa Lugano. Un efectivo detonó en la acción un arma de estruendo sin balas. Terminó sumariado.
Aquella parálisis y ciertos prejuicios tienen consecuencias. Cristina lo sabe. A fines del 2013 afrontó uno de los mayores levantamientos policiales que registra la democracia. Involucró a 23 provincias. Con hechos de violencia y vandalismo. El macrismo ni siquiera era por entonces una promesa.
En esta pelea también tercian los intendentes. En especial, aquellos que provienen de cuna peronista.Hace rato que tomaron distancia de Berni. También mantienen diferencias con el gobernador. El conflicto se desarrolla en forma subterránea porque el diputado Máximo oficia siempre de mediador. Pero frente al hijo de la vicepresidenta tampoco existe entera confianza. Los alcaldes suponen que, con el tiempo, buscará reemplazarlos por dirigentes de La Cámpora. Para afianzar la fortaleza política y electoral de Cristina.
Aquellos intendentes pusieron el grito en el cielo cuando, ante la indolencia del Gobierno, comenzó la usurpación de tierras en el conurbano. Creen, en este caso como Berni, que detrás de la ofensiva están los movimientos sociales. Prefieren evitar cortocircuitos con el Movimiento Evita, muy integrado en la estructura del gobierno de Alberto. El secretario de Relaciones Institucionales es Fernando Navarro, uno de los fundadores. Apuntan contra Juan Grabois, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Francotirador dialéctico a quien le desagrada el viejo peronismo.
La primera avanzada de la toma de tierras se consolidó. Ni la dirigencia bonaerense ni la policía hicieron algo para impedirlo. La Cámara de La Plata emitió ayer un fallo ordenando el desalojo en el enorme predio de Guernica. Donde hay miles de personas. Aconsejó utilizar la fuerza pública. Pero con límites. La Justicia, como está a la vista en otros ámbitos, llega tarde y mal.
