Cristina Kirchner ha comenzado a desplegar su liderazgo a través de una auditoría obsesiva de las decisiones administrativas de Alberto Fernández. Ese control se ejecuta a través de prohibiciones que dinamitan los acuerdos alcanzados por el Gobierno en los más diversos campos de la vida pública. Es un regreso a la consigna “vamos por todo”. Pero ahora no se trata de la convocatoria a una expansión. El movimiento es hacia adentro. Centrípeto. La vicepresidenta tiende un cerco cada vez más estrecho alrededor del Presidente. Los teóricos debatirán si esta dinámica no era inexorable. Si no estaba cifrada en el lanzamiento de Fernández como candidato, a través de un expeditivo mensaje de voz. Para la política el problema es más urgente. Como Martín Guzmán y Miguel Pesce explicaron en su carta a Kristalina Georgieva, el país se interna en una recesión cada vez más dolorosa, mientras en el puente de comando pelean a los manotazos por el dominio del timón.
La búsqueda de una salida para Vicentin, el acuerdo de precios con las empresas de telecomunicaciones, la negociación tarifaria con las de distribución eléctrica, el entendimiento para sancionar una ley para la economía del conocimiento, las tratativas con las empresas constructoras que no pueden cumplir con los contratos de participación público-privada (PPP) son algunos ejemplos de la facilidad con la que, desde la presidencia del Senado, se vetan decisiones del Poder Ejecutivo. La señora de Kirchner impone conflictos a Fernández allí donde él ensaya una fórmula de paz.
Ninguna impugnación fue tan significativa como la que la vicepresidenta lanzó contra la reforma judicial. Se trata del proyecto al que Fernández concedió más importancia desde que asumió la presidencia. Le dedicó pasajes enteros de su discurso inaugural y también del que pronunció en la apertura del Congreso. Sin embargo, ella aclaró que no es una reforma. Que reformas solo hay dos. Una, la que ella promovió, intentando atar la integración del Consejo de la Magistratura a las elecciones presidenciales. La otra fue, según la misma taxonomía, la que habría realizado, de facto, Mauricio Macri, para perseguirla a ella, a sus funcionarios y a algunos empresarios amigos. Para aceptar este sarcasmo hay que olvidar demasiadas cosas. Entre ellas, las decenas de millones de dólares acumulados por una legión de funcionarios, que incluyen a modestos secretarios privados. No es el único defecto de la coartada de la señora de Kirchner. Sus reproches hacia Macri ocultan que la principal disputa política que rodeó a su peripecia judicial fue con sus compañeros de partido. La vicepresidenta disimula algo que, sin dudas, sabe: el estímulo faccioso que puede sospecharse detrás de algunas decisiones judiciales provino más de la interna del PJ que de la Casa Rosada. Ella no ignora, por ejemplo, que Sergio Massa ha tenido una proximidad a Comodoro Py muy superior a la de Macri. Massa: el aliado de Margarita Stolbizer, autora de libros implacables contra la corrupción del kirchnerismo. Cristina Kirchner finge desconocer estos pormenores. Y hace bien. Porque en ellos aparece el rasgo más mortificante de su “genial” jugada para regresar el poder: debió allanarse a Alberto Fernández, que la denostó durante nueve años, y a Massa, que se comprometió ante sus seguidores a meterla presa.
La descalificación al proyecto judicial de Fernández es más agresiva por su oportunidad. La vicepresidenta dice que no es una reforma en el momento en que su ahijado trata de evitar una derrota en la Cámara de Diputados. Consciente de ese riesgo, el Presidente trata de saltar el corralito en el que lo va encerrando su vice. El viernes, invitó a almorzar a Martín Lousteau y a Enrique Nosiglia a la residencia de Olivos. Los esperó con Eduardo Valdés, uno de sus principales gestores políticos. Lousteau y Nosiglia integran la conducción de la UCR porteña. Ambos son aliados de Horacio Rodríguez Larreta, que no fue ajeno a estas conversaciones. Horas antes del encuentro, Fernández había hablado con él, una vez más, para rescatar la reforma judicial. Ya se habían producido otros contactos. Julio Vitobello, el secretario general de la Presidencia, conversó con Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR. El nexo entre ellos fue el senador Julio Cobos.
Fernández no tramita una agenda precisa. Tiende cabos. Sin embargo, la operación legislativa de la reforma está en todas las conversaciones. La expectativa del Presidente, procrastinador empedernido, es postergarla una quincena. Desde Juntos por el Cambio le explican que, si al cabo de ese lapso, no ofrece modificaciones, la demora sería ociosa. Es una solicitud capciosa. En la oposición saben que el problema no es el texto de la ley, que, por otra parte, se parece al que había imaginado Germán Garavano. La dificultad es el contexto: la discusión de traslados judiciales que se realizaron según directivas de la Corte, el hostigamiento al procurador Eduardo Casal, las versiones sobre una ampliación del tribunal supremo, la comisión Beraldi. A propósito de sus miembros, el Presidente aclara: “A Beraldi lo invité yo. Y Cristina está fastidiada porque la culpan a ella”. Colaboradores estrechos de Fernández dan la misma versión: “Tuvo un arrebato, como suele ocurrir cuando siente que la prensa o la oposición le quieren marcar la cancha”. Le alcanzaría con la vicepresidenta.
La declaración de Cristina Kirchner, denostando la reforma judicial y ensañándose con Macri, alejó las posiciones. En Juntos por el Cambio se dividen entre los que pretenden enterrar el proyecto con una votación y los que esperan que Fernández lo retire. Es decir: nicho o tierra. La hipótesis de que navegue un par de meses a la espera de un cambio de clima no cosecha demasiadas adhesiones. Mientras tanto, el Presidente intentará seguir presionando, sobre todo a través de los gobernadores, para alcanzar los 3 o 4 votos que le faltan. Massa, responsable formal del resultado, tiene la excusa de que, en otro error incomprensible, nadie lo consultó antes de enviar la iniciativa.
Con independencia de estos avatares parlamentarios, es relevante registrar un fenómeno: en la oposición son cada vez más los que creen que, con un país que navega hacia el centro de la tormenta, debe haber un canal de diálogo con el Presidente. Y, contra lo que podría esperar una lectura convencional, esta estrategia es liderada por Elisa Carrió. Desde su retiro de Exaltación de la Cruz, Carrió sostiene, con una combinación de preocupación y sentido del humor: “Si Duhalde fuera culto, estaríamos de acuerdo con que estamos ante un golpe de Estado. Pero él no sabe que la expresión se originó en Francia, en el siglo XVII, cuando se hablaba de Coup d’Etat para denominar las luchas de facciones en la monarquía. Coup d’Etat fue, por ejemplo, la decisión de Catalina de Medici de eliminar a los hugonotes en la matanza de San Bartolomé”. Carrió se remonta casi cuatro siglos para explicar que hoy, en sentido etimológico, “la que está dando el golpe es Cristina. Está retirándole a Fernández el poder. Nosotros no podemos ser cómplices de esa maniobra. Tenemos que garantizar la gobernabilidad. Por eso yo estoy con Horacio en tender un puente que la asegure. También se lo digo a Mauricio. No auspicio confrontaciones ciegas. Ni en la Nación ni en Juntos por el Cambio. Para nosotros no debe ser ‘cuanto peor mejor'”.
Carrió hace una interpretación sofisticada de una escena que Duhalde, alarmado, describió ante Cornejo la semana pasada: “Tenemos que rescatar al Presidente de las garras de Cristina”. La incógnita mayor: Fernández, ¿quiere ser rescatado? Más aún: ¿se siente prisionero? La intervención del mercado de las telecomunicaciones, que es el significado del establecimiento de tarifas en lugar de precios, fue conversada con la vicepresidenta durante semanas. Pero la decisión fue de Fernández. Aun cuando significó pulverizar el acuerdo de los responsables del Enacom, Claudio Ambrosini y Gustavo López, con las empresas del sector. Ese entendimiento se produjo el miércoles de la semana pasada. Consistía en la fijación de nuevos precios hasta diciembre. Cecilia Todesca convalidó los números. Nadie habló de los chicos humildes que carecen de internet. Son los mismos chicos que tienen las escuelas cerradas mientras están abiertos los casinos.
Cuarenta y ocho horas más tarde, López, ligado a Oscar Parrilli, redactaba el DNU de intervención junto con Micaela Sánchez Malcolm. Los afectados se enteraron por un tuit. El jefe político de Malcolm es el sagaz Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del Presidente. Olmos es un interlocutor de las empresas afectadas. Sobre todo, de Telefónica. ¿Sabía el golpe que estaba dando Fernández? A Olmos le escucharon decir que se enteró por el tuit del Presidente. Un crack.
El avance del Estado sobre el sector tendría su raíz en un arrebato de furia de Fernández contra el Grupo Clarín, al que atribuye movilizar los banderazos. Parece increíble, no solo por la presunción conspirativa. También porque, para neutralizar una presunta línea editorial, el Presidente desató una crisis en un sector estratégico de la economía. Y de las relaciones internacionales. Ayer, la cámara de empresas estadounidenses dirigió una carta a Santiago Cafiero expresando la preocupación por el cambio regulatorio. Es un gesto para registrar: Fernández y Guzmán abrieron ayer negociaciones con el FMI, donde los Estados Unidos son determinantes. Guzmán tal vez chequee una información que circula por algunos directorios de Buenos Aires: ¿Georgieva tiene un vínculo histórico con AT&T? Es la principal operadora del planeta. Dueña de DirectTV, una de las víctimas del decreto de Fernández. Son riesgos que, tal vez, refuercen las convicciones antiimperialistas del Presidente.
El frente de conflicto que se abrió en las telecomunicaciones no modificó el enojo oficial. Sergio Massa, el padrino de Ambrosini, almorzó con Fernández anteayer. Y ayer desayunó con Cafiero. Sus pedidos de prudencia no tuvieron eco. Eduardo “Wado” de Pedro, para quien el pragmatismo no tiene secretos, tampoco ofrece soluciones a sus amigos de Telecom, donde fue designado director. Tuvo visitas anteayer. Infructuosas.
El caso de las telecomunicaciones es uno en cientos. Anteayer, el Presidente debió vetar los artículos 18 y 19 de la ampliación del presupuesto que él mismo había enviado al Congreso. Allí constaba un acuerdo con las empresas de distribución eléctrica, sobre todo Edenor y Edesur. Tendrían facilidades para pagar las deudas con el sector público a cambio de restricciones tarifarias. Cristina Kirchner no quiso eliminar esas cláusulas para que la ley no volviera a Diputados. Pero ordenó al Presidente que las vetara. Habría sido por un consejo de Federico Basualdo, su delegado en el ENRE.
El Ministerio de Infraestructura avanzó en la negociación con las empresas constructoras que, por la devaluación, no pueden cumplir con los contratos de los PPP. Es una operación con riesgos judiciales, de ambos lados. En las compañías aseguran que, cuando se llegó a un entendimiento, Guzmán lo invalidó. Guzmán está cada día más alineado con la vicepresidenta. ¿Por eso se alejó Gerardo Otero, el jefe de Gabinete del ministro Gabriel Katopodis? En el ministerio lo desmienten. Y aseguran que la negociación sigue abierta.
El kirchnerismo tiene todo listo para aprobar la reforma judicial, en plena tensión con la Justicia
¿Cristina Kirchner monta una empalizada alrededor del Presidente por razones conceptuales o políticas? Si se observa la encuesta de Poliarquía del mes pasado, Fernández registra una imagen positiva del 63%. Y una negativa de 17 puntos positivos. Su mentora, en cambio, tiene una imagen positiva de 33% y una negativa del 47%. La distancia es muy considerable. Y debe ser, para la autoestima vicepresidencial, muy molesta.
El acoso de la señora de Kirchner, que el dócil Fernández asimila, es eficaz. En abril, 67% de simpatizantes de Juntos por el Cambio aprobaba al Presidente. Hoy ese porcentaje descendió a 36. Asimilándose a su tutora, Fernández va perdiendo su capital diferencial. Su capacidad electoral para el año próximo depende de ese capital.
Cuando Cristina Kirchner va por todo, va sobre ese patrimonio de Fernández. No da la impresión de estar obsesionada por las elecciones. Vive, parafraseando a Balbín, “en nombre de sus viejas luchas”. Defiende su gobierno. Que es aquel gobierno. El de 2007 a 2015. No este. Está fijada en ese pasado. Reniega por aquellos conflictos. Jorge Alemán, el Bucay del kirchnerismo, le aconsejaría “soltar y sanar”.
Por: Carlos Pagni
