Hay razones para cuestionar el proyecto de reforma del Poder Judicial presentado por el presidente Alberto Fernández y también elementos para aportar al debate que acaba de comenzar en el Congreso de la Nación.
1. El proyecto de reforma no ha sido el resultado de un grupo de trabajo amplio, diverso, con participación de los sectores que son operativos dentro del funcionamiento del sistema judicial (jueces, fiscales, defensores, empleados, abogados), ni se ha elaborado un diagnóstico sobre cuáles son los problemas reales que existen en la administración de justicia. La conformación de una Comisión especial integrada por personas elegidas por el Presidente de la Nación no puede reemplazar a las otras representaciones. La reforma debe ser el resultado de un amplio consenso, para lo cual se requieren acuerdos incluso previos para fijar metas y objetivos comunes.
2. Las reformas necesarias deberían apuntar a mejorar las condiciones de acceso al sistema de justicia para todas las personas, y la protección de todos sus derechos. Esa debe ser la prioridad. Al contrario, el Presidente ha puesto su objetivo en el fuero penal federal. Se trata del fuero de los poderosos, donde tramitan las causas de narcotráfico y corrupción. Argentina tiene una larga historia de impunidad vinculada con el poder político y económico. No se puede pensar una reforma que solo atiende este fuero en desmedro de las muchas transformaciones que deberían operarse en el ámbito de la justicia civil y comercial o laboral.
3. El Presidente ha mencionado que se terminaría con “la intromisión del poder político sobre el poder judicial”. Sin embargo, no debe haber situación más explícita de intromisión que es el Poder Ejecutivo abordando -con ausencia de los magistrados, sus organismos representativos y hasta el propio Consejo de la Magistratura- los cambios que habrá de imponer al otro poder una vez aprobados por la mayoría con que cuenta en el Congreso de la Nación.
4. Los problemas estructurales de la Justicia -que existen- no se resuelven creando juzgados y otras dependencias, ni nombrando o removiendo jueces. Al contrario, los multiplica. Nada se ha explicado sobre cómo se financiará el proyecto de reorganización y nuevas competencias de la justicia federal. Tampoco esa es una vía para revertir la baja confiabilidad social ni va a fortalecer efectivamente el fuero penal al que se refiere el único proyecto de ley presentado.
5. Sin diagnóstico ni objetivos, sin acuerdos ni una amplia participación para una discusión seria sobre la reforma, se abre la duda justificada sobre el camino de la impunidad. Porque desde la asunción del actual gobierno han existido demasiadas señales en el sentido de la descalificación de los juicios en los que se investigan hechos relacionados con la corrupción y las proclamas de inocencia de personas que se encuentran imputadas y procesadas en triple instancia por los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas.
Nuevo pronunciamiento judicial contra la reforma
Las cuestiones que debería abordar la reforma
1. El debate sobre el funcionamiento de la administración de justicia debe servir para mejorar el acceso y desempeño en procedimientos laborales, civiles, comerciales, relacionados con familia, trabajo, producción. Porque implican un mejor servicio para mejorar la vida de las personas y también para contribuir al desarrollo económico nacional.
2. Una reforma es una buena oportunidad para incluir cuestiones sobre las que actualmente no existe un fuero específico, como podría ser la creación de tribunales ambientales y otros con la competencia específica de la violencia de género; y las capacitaciones necesarias para temas específicos, como la perspectiva de género.
3. Respecto de la Magistratura, incluir para el debate la necesidad de dotar de mayor transparencia el accionar del Poder Judicial, incluyéndolos de manera clara y efectiva en el cumplimiento de las normas de ética pública, terminando con privilegios insostenibles y aprobando sistemas de evaluación de gestión que no afectan el principio de inamovilidad, pero seguro mejorarán los resultados de desempeño, y las normas de gestión abierta, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
4. Es urgente resolver el atraso que rige en muchas áreas, debiéndose avanzar hacia una justicia digital, con la incorporación de la tecnología y la innovación, especialmente para asegurar accesibilidad, conectividad y mayor efectividad de resultados, así como también la necesidad de mantener actualización de estadísticas y una mayor articulación territorial, interfueros y de orden institucional con otras áreas del estado.
5. En materia de política criminal es urgente impulsar una serie de medidas para luchar contra la corrupción y la impunidad, tales como: a) debe aplicarse la segunda instancia como sentencia firme y de cumplimiento efectivo sin necesidad de requerir terceras o ulteriores instancias que hacen ilusoria la aplicación de las condenas; b) funcionario público procesado en doble instancia, por delitos vinculados con la corrupción, no podrá ser candidato a funciones públicas; c) el condenado por delitos en contra de la administración pública quedará automáticamente inhabilitado para volver a ejercer funciones; d) en material recursiva y para procesos por corrupción, deben acotarse las instancias que dilatan los procedimientos y que tienen por finalidad conseguir una prescripción liberatoria. Y en todos los casos, los recursos no deben suspender la ejecución de la sentencia.
Es necesario contextualizar la discusión de la Reforma Judicial superando la polarización política para encontrar acuerdos y fortalecer las instituciones. El debate no puede soslayar la perspectiva de los derechos humanos en la lucha contra la corrupción y el papel de la sociedad como víctima, hacia quienes deben estar enfocadas todas las propuestas de cambio. Porque la única finalidad debe ser construir las condiciones para el mejor y más igualitario desarrollo de las personas y los pueblos.
Exdiputada nacional Partido GEN
Por: Margarita Stolbizer
